El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March. | Elena Ballestero

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La juez titular del juzgado número 3 de Inca tomó declaración este lunes al alcalde de Pollença, Miquel Àngel March (Junts), al exalcalde Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots) y a todos los miembros de la junta de gobierno del 5 de mayo de 2015 (UMP, PP, Lliga y CiU) en calidad de querellados por un presunto delito de prevaricación administrativa por consentir que la familia Valls haya explotado económicamente el quiosco de helados del Moll sin licitación pública.

De las declaraciones se desprende que el Ajuntament de Pollença no ha cobrado las tasas de explotación de los quioscos de Pollença y del Moll correspondientes al ejercicio 2016 y que suman aproximadamente 15.000 euros.

Aunque el Ajuntament desmanteló el quiosco del Moll el pasado febrero (dos días después de admitirse a trámite la querella), el quiosco de Gelats Valls en Pollença sigue abierto.

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El exalcalde Bartomeu Cifre Ochogavía y los miembros de su junta de gobierno explicaron a la juez que el 5 de mayo de 2015, con las primeras denuncias ya sobre la mesa, otorgaron una autorización para la explotación de ambos quioscos con carácter extraordinario porque tenían encima la temporada turística, los quioscos estaban ocupados, y cerrarlos podría suponer una disminución de los ingresos para el Ajuntament.