El secretario del Ajuntament Jaume Perelló (centro de la foto), ya tuvo que prestar declaración en los juzgados de Manacor. | T. Ayuga

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La imputación de la exalcaldesa de Ses Salines Maria Bonet por el caso del expediente disciplinario contra el arquitecto y aparejadora municipal podría acarrear indemnizaciones de más de 200.000 euros.

Según la ley, todo acto administrativo consecuencia de un delito, es nulo de pleno derecho, por lo que de llegarse al caso de que la exalcaldesa fuese condenada, el Ajuntament de Ses Salines tendría que readmitir a los dos técnicos municipales y pagar los honorarios atrasados (más de 200.000 euros). A ello habría que sumar los intereses, cotizaciones a la Seguridad Social, e indemnizaciones a las que tendrían derecho al haber sido víctimas de un delito por parte de la corporación.

Se está analizando si todos los expedientes de disciplina urbanística y las licencias de obra que se han estado tramitando después de la suspensión del arquitecto y de la aparejadora contienen el informe preceptivo redactado por un arquitecto contratado no funcionario, con firma de ‘arquitecto asesor municipal’. La Ley Montoro no permite contratación de nuevos funcionarios. En ese caso, los máximos responsables políticos y funcionariales de ses Salines, han sido denunciados por estar cometiendo, presuntamente, un delito de prevaricación continuada y falsificación de documentos, ya que el artículo 9 de la Ley 7/2007 advierte que sólo un funcionario puede informar de estos expedientes. Se prevén que en los próximos días se reciban una avalancha de recursos que podrían significar la anulación de todos los procedimientos urbanísticos.

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