La construcción de los bloques de apartamentos de Cala Llamp fue posible gracias a la concesión en 2005 de una licencia urbanística ilegal por parte del entonces alcalde Eugenio Hidalgo, lo que permitió levantar las edificaciones sobre una zona verde. El hecho fue denunciado por el Grup d’Ornitologia Balear i Defensa de la Naturalesa (GOB). | Michel's

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Cinco de los ochos propietarios de los 12 apartamentos ilegales de Cala Llamp se niegan a abrir las puertas de sus inmuebles al Ajuntament d’Andratx para que los técnicos municipales puedan efectuar el indispensable peritaje previo al cumplimiento de la sentencia judicial firme de demolición que, desde hace casi tres años, pesa sobre estos inmuebles.

Estas cinco personas han remitido otros tantos escritos al alcalde de Andratx, Jaume Porsell (PP), en los que se le notifica su oposición a la entrada del técnico municipal en sus viviendas mientras éste no aporte previamente a dicha entrada copia original de una autorización u orden judicial.

Porsell deja claro que la voluntad del Consistorio que preside es cumplir con la resolución judicial e iniciar cuanto antes el derribo de las construcciones. «Siempre hemos hecho lo que la jueza nos ha ordenado», recuerda el alcalde.

La magistrada ha requerido a la Administración local la transmisión al juzgado de la identificación de los propietarios que niegan el acceso del técnico municipal a los inmuebles para que pueda redactar la versión final del proyecto de demolición.

Ahora, después de trasladar a la responsable del Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma la identidad de los propietarios y la reseña específica de sus viviendas, el alcalde confía en que se les traslade la pertinente orden judicial que obligue a los titulares de los inmuebles a franquear el paso al técnico municipal para que el Ajuntament pueda cerrar el proyecto de derribo de los apartamentos e iniciar su ejecución.