Imagen de una de las viviendas okupadas sobre la que pesa una orden de desalojo. | Elena Ballestero

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Se acaba el tiempo. Los okupas del antiguo poblado de Gesa en Alcúdia comienzan a recibir las órdenes de desalojo que les obligan a dejar las viviendas antes del 14 de marzo. «Si no dejamos voluntariamente la casa estamos citados en el juzgado el 4 de abril y nos exponemos a multas o incluso a la cárcel», explica J.D., una de las inquilinas, madre soltera de un niño de 3 años.

El antiguo poblado industrial de Gesa, situado junto a la antigua central eléctrica de Alcanada, salió a la venta a mediados de octubre por 3,1 millones de euros después de que Endesa alcanzara un acuerdo con los últimos trabajadores y viudas para que se mudaran definitivamente.

Algunos trabajadores llevaban más de una década denunciando el progresivo abandono del antiguo poblado en lo que llegaron a calificar como una operación de 'acoso inmobiliario'. En los últimos diez años las casas han sido progresivamente 'okupadas' a medida que se jubilaban los trabajadores y la situación, para los últimos inquilinos legales (una viuda, un prejubilado y un empleado), llegó a ser especialmente complicada en los últimos tiempos.

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Trabajadores de la antigua central denunciaron hace aproximadamente un año que las casas comenzaban a ser destruidas tras la marcha de sus inquilinos legales para evitar nuevas 'okupaciones'. Endesa siempre lo negó. El poblado está catalogado como una de las últimas muestras vivas del patrimonio industrial de Mallorca.

A día de hoy, y pese a que Endesa cortó hace meses el suministro eléctrico en las zonas comunes y el agua a toda la urbanización, ocho familias de okupas continúan residiendo en el poblado y una nueva se ha asentado allí desde que este salió a la venta.

Los okupas aseguran que no tienen una alternativa residencial, tocados de lleno por la crisis económica y con unos alquileres inmobiliarios astronómicos en la zona.