Agentes de vigilancia aduanera en el Ajuntament de Sant Llorenç. | Alejandro Sepúlveda

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El fleco del ‘caso Pokemon’ que afecta a irregularidades en el contrato de recogida selectiva de basuras de Sant Llorenç puede acabar en la Audiencia Nacional. La magistrada de Lugo que investiga el caso ha pedido que toda la causa –en la que hay imputadas 46 personas– pase a un juzgado central de instrucción.

En la investigación, la magistrada afirma que hay indicios de que hubo comisiones del tres por ciento y pagos en metálico en torno a la adjudicación pública.

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El ‘caso Pokemon’ investiga toda una serie de adjudicaciones municipales, sobre todo en Galicia, a una misma empresa, Vendex y sus filiales. En Sant Llorenç, el administrador de esta sociedad, Gervasio Rodríguez, intervino en la adjudicación de la recogida selectiva. La instructora señala en un auto que usó como intermediario a un empresario mallorquín, José María Martí Creus. Según la resolución judicial, este imputado usó «contactos políticos adquiridos para beneficiarse para la adjudicación».

En la causa están implicados dos exconcejales de Medio Ambiente del Ajuntament: Mateu Frau Barceló, que ejerció el cargo entre 2004 y 2011 y luego fue consejero de la empresa municipal Bellver S.A., y Juan José Planas Pons, edil de esa misma área desde 2011 a 2015.