La oferta de personal propuesta por la constructora era una mejora importante de las condiciones mínimas que exigía el concurso porque suponía un incremento de un 130 por ciento de la plantilla. En opinión de los socialistas, este recorte de personal, ha supuesto un ahorro para la unión temporal de empresas de 300.000 euros y «ha generado la descordinación y retraso de las obras».
El portavoz del PSOE, Xavier Ramis, asegura que «los hechos no solo supusieron un incumplimiento directo del contrato sino que la misma Fundació Teatre Principal d’Inca tuvo que asumir el coste del control arqueológico con la contratación de un arqueólogo al que abonó 21.598,05 euros».
Los socialistas reclaman que se exija una indemnización a la constructora, cuyo contrato se rescindirá este lunes, idemnización que cifran en más de 1.300.000 euros. Por su parte la constructora ha solicitado la suspensión temporal total de las obras por no haberse aprobado el modificado del proyecto inicial y se reserva también el derecho a ser indemnizada.
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