Una comisión judicial visita Llucalcari para comprobar si se ha cumplido la sentencia

| | Deià |

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El presidente de la sala contencioso-administrativa del TSJIB, Gabriel Fiol, a la izquierda, junto al secretario judicial.

El presidente de la sala contencioso-administrativa del TSJIB, Gabriel Fiol, a la izquierda, junto al secretario judicial.

23-05-2013

Una comisión judicial se desplazó ayer a Llucalcari para comprobar sobre el terreno el cumplimiento de la sentencia que obligaba a demoler los cuatro chalets ilegales y restituir la zona a su estado original.

El reconocimiento judicial, que se llevó a cabo a instancias del abogado del Grup d'Ornitologia Balear (GOB) Eduard Moreno, contó con la presencia de Gabriel Fiol Gomila, presidente de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears; además de los abogados de las partes y Mauricio Rovira, presidente de la Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca; y Jaume Crespí, alcalde de Deià; y la portavoz del GOB Margalida Ramis.

El Tribunal Superior decidirá si el terreno está en su estado original, pero durante la visita se apreciaron restos visibles de las construcciones, hoy ya inexistentes. Así, la comitiva judicial se dirigió al primero de los chalets por un camino que, teóricamente, no debería existir. La circulación de vehículos es imposible, porque se han construido cinco muros de contención en el camino y sembrado algunos pequeños pinos. Se puede apreciar también como alguna de las marjades construidas por los propietarios de las edificaciones siguen existiendo.

La historia de los chalets de Llucalcari se remonta 25 años atrás. Fue entonces cuando el GOB inició la batalla judicial contra las licencias otorgadas por el Ajuntament de Deià, que permitían la construcción de cuatro chalets. En 1992, llegó la primera sentencia judicial, que declaraba nulas de pleno derecho las licencias, ya que el terreno era no urbanizable y tenía la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

El Tribunal Superior declaró también nulas las cuatro licencias y el Supremo confirmó la sentencia en marzo de 1999. El Ajuntament continuaba resistiéndose a ordenar la demolición y presentó un nuevo recurso, pero el Supremo lo archivó en marzo del 2005.

Nada cambió y no fue hasta mayo del 2008 cuando el TSJIB dio un plazo de 10 meses al Ajuntament para que realizara la demolición y restituyera los terrenos a su estado original.

Fue necesaria una multa de 600 euros semanales a Jaume Crespí, alcalde de Deià, para que se iniciara el proceso para derribar las edificaciones. Ayer, la comisión judicial visitó la zona para comprobar si la sentencia se ha cumplido.

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samoixanegre
Hace más de 6 años

...y no bastaba un reportaje para demostrar lo hecho, tuvieron que ir unos y otros, supongo que cobrando dietas, desplazamientos, lo que sea.

Cuanto nos cuesta esta visita?.

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toni
Hace más de 6 años

El 90% de edificaciones en suelo rustico son ilegales, muy fácil de comprobar, ¿se hara algo?

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Myotragus
Hace más de 6 años

El GOB, una vez mas, y como nos tiene acostumbrados a los habitantes de la Serra de Tramuntana, demuestra un gran desconocimiento de la zona, Lluc-Alcari, se encuentra sobre una zona de arcillas y los corrimientos de tierras son ancestrales, lo único que aguanta, a duras penas, que no se siga perdiendo terreno hacia el mar son los bancales, ¿saben que es una de las maneras que nuestros antepasados usaban para evitar la erosión?, no, rotundamente no, si no no se atreverían a decir las sandeces que dicen sobre Lluc-Alcari.

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Con ligueros
Hace más de 6 años

Y la piscinita de pedro jeta ramirez?

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la injusticia
Hace más de 6 años

Esa misma comision, que mire si en Campos se ha actuado de la misma forma a su estado natural, creemos que no y, ademas se ha pagado con dinero publico, otra verguenza, pues no se comprende que los responsables no se haya actuado penalmente contra ellos, ni se les haya pedido responsabilidad civil, porque esto es una trama, pero el proceder no viene siendo igual para todos, aqui se actua asi conviene, visto lo visto, pues sino no se entiende que hay dos varas de medir. Ver las Urbanizaciones ilegales, porque no haan actuado y sin encambio actuan contra otras, existe agravios comparativos, para que esta la justicia para msirar hacia otra parte y salir en la foto. Lo que demuestra claramente que en este pais hay ciudadanos de primer, de segunda y de tercera o la marginacion. Mientras estos cobran grandes sueldos por hacer lo que hacen. El pueblo no debe tener miedo a denunciar el corporativismo en la administracion, aunque psretendan hundirte en la miseria, acorralarte como un animal, no desmayes y lucha contra todo este entramado legal que te puede hacer un traje a tu medida. No creo en la justicia que hay, pues no es justa ni equitiva, tiene un aspecto de verosimilutd legal con palabras diseccionadas legales jurisprudenciales. Me parece bien que se actuen con todos por igual, no para unos y para otros, no es el pueblo quien tiene que pagar, sino los que han dado la licencia, que son los responsables de esta situacion, que ha venido dandose mucho en nuestro pais, pero que luego se han ido de rositas y el pueblo ha pagado la factura.

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