La Punta de Torrenova, pendiente de expropiación y donde el Consistorio preveía un museo marítimo.

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El Ajuntament de Calvià se enfrenta a cuatro demandas por un valor de unos 80 millones de euros que están en trámites en el Jurado Provincial de Expropiaciones de las Illes Balears.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actualmente vigente, aprobado en julio del año 2000 y posteriormente modificado en junio del año 2009 para adaptarlo al Plan Territorial Insular de Mallorca, preveía expropiar unas 40 parcelas de terrenos privados de diferentes superficies repartidas por todo el municipio para equipamientos públicos o zonas verdes como por ejemplo un solar de 50.000 metros cuadrados en Son Font.

Sin embargo, una vez que los períodos de vigencia para desarrollar el planeamiento han expirado y las expropiaciones no se han ejecutado los propietarios pueden reclamar su enajenación.

En este contexto está la propiedad de una posible zona verde ubicada en la punta de Torrenova, entre Palmanova y Magaluf donde se ubica una antigua torre de defensa catalogada como Bien de Interés Cultural por la que piden al Ajuntament 73.392.936 euros. En estos privilegiados terrenos el Consistorio preveía en su día construir un museo marítimo además de enlazar por la costa los paseos marítimos de Palmanova y Magaluf.

Otra demanda en trámite en el Jurado de Expropiaciones por valor de cuatro millones de euros es por otra zona verde en el interior de la misma urbanización de Torrenova.

Asimismo, reclaman en el mismo tribunal que el Consistorio abone 1.421.043 euros por la expropiación del derecho de construcción en unos solares del Castellot, en la Costa de la Calma.

Finalmente, hay una demanda pendiente de justiprecio por parte del Obispado que solicita 906.831 euros por la expropiación forzosa ya ejecutada de unos terrenos en s'Oratori de Portals Nous donde el Ajuntament construyó unas instalaciones deportivas.

En este entorno, hay preocupación por parte de los responsables municipales de que se incrementen las demandas ya que son totalmente inasumibles por las arcas municipales en la coyuntura económica actual. Es precisamente para frenarlas que el equipo de gobierno que preside el alcalde popular Manuel Onieva (PP) ha iniciado la revisión integral del PGOU.