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El juez instructor de las pesquisas en torno a los altercados de los que presuntamente fueron objeto autoridades del PP en agosto de 2011 en las fiestas de Felanitx, ha emplazado a las partes a que se pronuncien sobre la posible transcripción de estos hechos, a pesar de que hace tres meses ya fijó la fecha para la celebración del juicio por estos incidentes, previsto para el próximo 25 de junio.

Ha sido ahora cuando, «revisadas las actuaciones y visto el estado que mantienen las mismas», el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor ha reparado en que los hechos podrían haber prescrito y ha dado traslado por ello a la Fiscalía y a las demás partes, mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, a fin de que manifiesten «lo que a su derecho convenga» en este sentido.

Unas actuaciones que el magistrado acordó transformar en faltas al no ver indicios de que los imputados agrediesen, empujasen, escupiesen o golpeasen a ningún alto cargo en concreto, «amén de que las autoridades tampoco presentaron lesiones de consideración». Decisión en virtud de la cual los hechos podrían ser declarados prescritos, al haber transcurrido más de seis meses desde que fueron denunciados, tal y como establece la Ley.

Conducta agresiva pero que no constituye delito

En concreto, el juez Mateo Goizueta, quien el pasado mes de octubre dejó sin efecto dos providencias dictadas por el anterior juez encargado de las pesquisas que buscaban clarificar los hechos ocurridos y que consistían principalmente en la citación de varios testigos clave, emplazó hace tres meses a encausados, testigos y denunciantes al juicio de faltas señalado para las 12.15 horas del 25 de junio para que puedan dar su versión de lo sucedido el 28 de agosto de 2011, cuando altos cargos del PP, según han declarado, fueron zarandeados y empujados.

Sin embargo, al transformar las diligencias a faltas, el juez aseveraba que «no es posible hacer una individualización» respecto a la actuación de cada uno de los encausados, defendidos por el abogado Josep de Luis, en lo que se refiere a un supuesto delito de atentado a la autoridad e incidía en que se trata de una infracción penal «donde no es posible hacer una imputación genérica».

Es más, el juez sostiene que la conducta de los inculpados el día de los hechos, si bien «puede apreciarse mal educada y agresiva», no tiene «la suficiente entidad» como para imputarles un delito de desórdenes públicos, puesto que si bien se produjo «una cierta alteración del orden al paso de las autoridades, no consta que se causasen daños en bienes, lesiones alas personas o se obstaculizasen vías como tampoco que hubiera una invasión de instalaciones o edificios».

Niegan las agresiones

Cabe recordar que los imputados en esta causa defienden que en ningún momento agredieron a las autoridades como tampoco les insultaron ni arrojaron nada. Es más, un capitán de la Guardia Civil aseguró en la causa que no vio indicios de delito alguno por parte de los participantes y que «no había situación de peligro» alguna.

Uno de los imputados manifestó que es normal que, como parte de la tradición, cada año «se increpe» a las autoridades y se produzcan «empujones», aunque de entre todas las ocasiones en que esto ha sucedido ha recordado cómo una vez a la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar «le llenaron el coche con pan mojado y un pescado que huele mucho».

En su comparecencia ante el juez, aseveró que incluso a su antecesora en el cargo, Francina Armengol, le introdujeron «billetes fotocopiados en el interior del sujetador» y que al exjefe del Ejecutivo balear Gabriel Cañellas «se le persiguió por el pueblo».

En el marco de estas investigaciones han sido interrogados como testigos la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, la consellera insular Catalina Soler, y el conseller de Medio Ambiente, Biel Company, así como el alcalde de Felanitx, Gabriel Tauler, quien llegó a reconocer que recientemente planteó, si los imputados iban al Ayuntamiento para «pedir disculpas» y reconocían los supuestos «excesos» causados, interceder ante la Fiscalía para «reducir al máximo» las consecuencias que pudieran recaer sobre ellos.