2

El Govern ha firmado hoy el protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Campos por el que se compromete a pagar 339.000 euros para la demolición de los apartamentos ilegales de Ses Covetes, el 75 % de lo que costará el derribo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB).

El acuerdo lo han suscrito el vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, en nombre del presidente, José Ramón Bauzá; el alcalde de Campos, Sebastià Sagrera, y Mauricio Rovira, presidente de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, entidad del Consell de Mallorca que ejecutará la demolición.

En el protocolo, hecho público por el Govern balear, se recogen como antecedentes las resoluciones judiciales adoptadas a partir de que en mayo de 2007 el TSJB declaró nula la licencia concedida por el Ayuntamiento en 1992 a la promotora Marina Ernst para construir 68 apartamentos.

A esta decisión, penúltimo paso de un proceso judicial que se inició en 1994 con la denuncia del Gob y el PSM contra la licencia, siguió la desestimación por parte del Supremo del recurso de la promotora en julio de 2008 y la orden definitiva de demolición del alto tribunal balear el pasado noviembre.

El TSJB puso el próximo 15 de marzo como fecha límite para iniciar las obras de derribo, que tienen que estar acabadas antes del 15 de mayo.

En el acuerdo firmado hoy se justifica la ayuda del Govern en la falta de recursos propios del Ayuntamiento de Campos, por los perjuicios territoriales y medioambientales que causan los apartamentos ilegalizados en primera línea de mar y en cumplimiento «del principio de cooperación entre las administraciones».

El consistorio que preside Sagrera, que ha contado también con el respaldo del Govern para la elaboración del proyecto de demolición, tendrá que aportar 113.000 euros.

El papel de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, entidad del Consell de Mallorca será la ejecución de la demolición, con medios propios o mediante una empresa subcontratada, y «la restitución de los terrenos a su estado original», tal y como ordena el alto tribunal balear.

Mauricio Rovira ha explicado tras la firma que el derribo será ejecutado por la empresa pública Tragsa, según ha informado el Consell en un comunicado.