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El Ajuntament de Campos ya cuenta con el proyecto de demolición de los 68 apartamentos de ses Covetes. Esta misma semana la Direcció General d’Arquitectura ha entregado el proyecto a los responsables municipales que ahora tendrán que informar favorablemente dicho proyecto para que luego pueda ser aprobado por la junta de gobierno, formada por el Partido Popular y Més Acció.

La intención del equipo de gobierno municipal es la de poder registrar el proyecto en los juzgados antes de la fecha limite del 15 de enero y de esta manera ganar una semana de tiempo para llevar a cabo la demolición en los plazos marcados por el Tribunal Superior de Justicia. El coste de la demolición según marca el proyecto es de 900.000 euros.

Peticiones

El portavoz del PP y regidor de Hacienda, Sebastià Sureda señala que «también prevemos que una vez que saquemos la demolición a concurso el coste pueda ser muy inferior ya que contamos con muchas empresas interesadas en llevar a cabo esta demolición». Y es que al Ajuntament de Campos ya ha llegado publicidad de empresas de Galicia, Mallorca o Navarra para llevar a cabo estas obras. La gran publicidad para proceder a su demolición y la popularidad con la que cuentan estos apartamentos hace prever al Ajuntament la llegada de una gran cantidad de solicitudes de estas empresas que tal vez supondría bajar el coste de la demolición entre un 20 o un 25 por ciento.

Hay que recordar que ahora después de la entrega del proyecto de demolición «elaborado por el Govern y que por tanto no ha costado ningún euro al Ajuntament», la siguiente fecha impuesta por el Tribunal para la demolición de los apartamentos es la del 15 de marzo, día en el que se deben iniciar las obras y después otra fecha marcada en el calendario es la de la finalización de las mismas, el 15 de mayo para así no perjudicar la temporada turística de la zona.

Así, este proceso, que a día de hoy significa algo más que una simple demolición, parece estar llegando a su final. Todo un periplo de años de batallas judiciales entre PSM y GOB por una parte y el Ajuntament de Campos y los propietarios de los terrenos por otra, que, según está previsto, finalizará dentro de unos meses con el definitivo derribo de los polémicos apartamentos.