Imagen de los 'escars' de s'Estalella, situados en el dominio público marítimo-terrestre.

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Grupos ecologistas como el GOB y los partidos de la oposición al PP han justificado sus críticas a la nueva Ley de Costas alumbrada por el departamento que dirige el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aduciendo que la normativa «es una claudicación del Estado y de la Administración pública ante los intereses privados expresados a través de propietarios, promotores, concesionarios, etc».

Sin embargo, la realidad muestra un escenario diametralmente opuesto. Los propietarios también rechazan la nueva legislación, ya que, a su juicio, la nueva Ley de Costas agravará la inseguridad jurídica e incertidumbre en los operadores sociales, económicos y jurídicos, puesto que el reiterado uso de conceptos jurídicos indeterminados permite que las arbitrariedades de la Administración continúen de forma ininterrumpida.

Deslindes

El representante legal de la Agrupación de Afectados Europeos por la Ley de Costas, el letrado Juan Alemany Garcías, sostiene que el nuevo marco legal «no aclara y no da seguridad jurídica en cuanto a la definición del dominio marítimo-terrestre, ya que deja la fijación de los deslindes al arbitrio e interpretación de la Administración». Aunque reconoce que la nueva Ley de Costas «es un poco más favorable» a los propietarios afectados por la misma, Alemany augura que «en la práctica se darán los mismos problemas y dará lugar a muchos pleitos».

De hecho, este abogado palmesano asegura que esta legislación «sigue manteniendo los mecanismos que permiten dar continuidad a las políticas de confiscación del derecho de propiedad». También argumenta que la ley vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, pues otorga un trato «diferenciado y discriminatorio» a los municipios costeros, «sin que nadie medie una justificación objetiva y razonable, ni una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin que se pretende conseguir».

En este sentido, Juan Alemany argumenta que la nueva Ley de Costas «no protege el medio ambiente costero y permite que la Administración continúe vulnerando los principios ambientales de la Unión Europea -prevención del daño en origen, quien contamina, paga-, para así salvar sus responsabilidades y evitar tener que indemnizar a los perjudicados».

Finalmente, Alemany asevera que la aplicación de la ley «traerá consigo la mayor estafa de la historia, puesto que quienes desean recuperar su propiedad confiscada por la Administración, deberá abonar por segunda vez el precio de compra y los impuestos correspondientes».