El Casal de Can Verga Vell, ubicado en el pueblo de Santa Margalida, fue construido por Joan March. Fotos: E.BALLESTERO | Elena Ballestero

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Es el municipio de Mallorca con mayor densidad de bienes patrimoniales, pero paradógicamente a día de hoy sólo sus restos arqueológicos y los elementos declarados Bien de Interés Cultural gozan de algún tipo de protección.

El Consell de Mallorca acaba de rechazar definitivamente (seis años después de que el Ajuntament iniciara su tramitación) el catálogo de Bienes Patrimoniales de Santa Margalida obviando la petición de los técnicos municipales que abogaban por una aprobación con prescripciones del texto que hubiera servido para proteger (después de dos años a merced de la presión urbanística) los elementos más sensibles que figuran en la propuesta municipal a la espera de que se incluyeran nuevos elementos y se elevara la protección de otros.

El hecho de que la normativa urbanística de Santa Margalida no se haya adaptado a las exigencias del Plan Territorial (de hecho, el Ajuntament recibió este lunes una resolución del Consell que le obliga a reiciniciar el procedimiento de revisión de las Normas Subsidiarias) ha sido determinante a la hora de tumbar el catálogo de patrimonio y es que el Consell no quiere correr el riesgo de que Santa Margalida (vistos sus antecedentes) nunca llegue a subsanar las prescripciones de dicho catálogo.

Ante esta situación la pelota vuelve a estar en el tejado del Ajuntament y Santa Margalida queda a merced de la presión urbanística mientras el Ajuntament no tramite la revisión de su normativa urbanística y concluya la realización de un nuevo catálogo, un proceso que visto lo visto se puede demorar años. Una nueva suspensión de licencias resulta inviable agotados los plazos que marca la ley.

El Ajuntament aprobó inicialmente el catálogo municipal de Bienes Patrimoniales en octubre de 2005 entrando entonces en vigor una suspensión de licencias vigente durante dos años, tiempo suficiente para realizar la aprobación provisional, pero el equipo de gobierno fue demorando este último trámite.

En estos dos últimos años sin protección, dos de las viviendas que figuraban en el catálogo de patrimonio ya han sido derribadas y otro centenar de inmuebles, possesions y elementos etnológicos pueden correr la misma suerte.