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«La presión popular no puede detener la ejecución de una sentencia». El presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJB, Gabriel Fiol, reiteró ayer que el Ajuntament de Manacor tiene que demoler el puente de es Riuet porque la infraestructura es ilegal y que el alcalde Antoni Pastor responderá con su patrimonio personal de los retrasos en hacer cumplir la ley.

No es habitual que un magistrado comparezca ante los medios para hablar de una procedimiento en marcha como lo hizo ayer Fiol. En la intervención quiso dejar claro que la sentencia del TSJB de 2007 que fue ratificada al año siguiente por el Tribunal Supremo tiene que cumplirse y esto pasa por la demolición del puente. Así, se refirió a la «pasividad absoluta» y a las «dilaciones» y «múltiples excusas» del Consistorio. Ayer mismo el TSJB rechazó el recurso presentado por el alcalde contra la multa que le ha impuesto la Sala por no tirar el puente. Pastor fue recibido por la mañana por el ponente del auto y ahora tendrá que pagar 1.000 euros cada quince días hasta que se concluya la demolición de su propio patrimonio. Antes tendrá que abonar en un plazo de diez días los 4.000 euros que debe dado que la medida se le impuso en octubre. El alcalde no puede ya recurrir contra la multa.El margen para que el puente no sea demolido es escaso.

La Sala de lo Contencioso tiene aún que decidir sobre la última petición municipal, que se basa en una norma urgente aprobada por el Parlament. Aquí caben varias opciones. Una de ellas es que el TSJB considere que el Parlament ha aprobado una ley cuya finalidad es detener la ejecución de una sentencia firme, lo que llevaría el asunto al Tribunal Constitucional. Eso sí, durante ese periodo, el puente permanecería cerrado al tráfico. La resolución sobre este incidente en ningún caso paraliza la ejecución de la sentencia.


El auto hecho público ayer también señala: «El Ajuntament, con una decidida vocación de eludir el cumplimiento de la sentencia firme, se encuentra confiado en la convalidación legal». Y, sobre la posibilidad de reconstruir el puente, señala: «Se mire desde donde se mire cabría aún preguntarse en qué base jurídica puede fundarse hoy en día el brutal impacto que el puente ocasiona cuando se contempla desde las viviendas de los afectados, cuyos legítimos intereses han encontrado ya tutela en la sentencia».