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Axel Ball, un ciudadano alemán que lleva 35 años viviendo en Mallorca y es muy conocido en Sóller y Deià es uno de los cuatro afectados por la sentencia que este mes de diciembre acabará con dos de las cuatro casas de Llucalcari construidas entre 1987 y 1989 y que en su momento fueron denunciadas por el GOB. Por primera vez en los 22 años que ha durado este largo proceso y cuando la demolición ya es cuestión semanas, ha querido contar su versión.

Ante todo asegura que «este caso va a crear un precedente muy grave porque solamente en la Serra de Tramuntana hay más de 700 casas en la misma situación que las nuestras. Sus propietarios no podrán estar tranquilos porque ante una denuncia podrían verse envueltos en un proceso como el nuestro con este triste final».

Licencias

Ball recuerda que en 1987 «los cuatro propietarios de Can Simó, el escritor Fernando Schwartz, yo mismo y otros dos ciudadanos alemanes, solicitamos licencia para construir las respectivas casas, obtuvimos todos los permisos del Ajuntament, del Consell y del Govern». Aún así, «por una denuncia de una vecina a la que le gustaba pasear por aquí, el GOB encontró un hueco legal: faltaba un permiso estatal por ser Paisaje Pintoresco y las casas debían tener un plan especial de protección, un requisito que ignoraba el Ajuntament de Deià y todos los de la Serra, que continuaron otorgando licencias sin este trámite».

Visiblemente afectado Ball enseña su casa -de 250 metros cuadrados construidos y situada en un lugar paradisíaco- al tiempo que señala que «desde hace más de seis años no había regresado.

La finca, antes un olivar cuidado está ahora abandonada». Aún así recuerda que «soy el menos afectado ya que tengo otra vivienda y mi vida y la de mis seis hijos está resuelta; pero otra casa afectada es de una pareja ya mayor, también alemanes, que no tienen ningún lugar donde vivir».

Alex Ball afirma que «las casas han sido tildadas sistemáticamente de ilegales cuando en realidad no lo son y buena prueba de ello es que la administración asume íntegramente el coste de su derribo». Este hecho, añade, «ha dañado nuestra imagen y incluso Fernando Schwartz, que construyó el más grande de los cuatro chalets, fue expulsado de la asociación de vecinos de Llucalcari por la supuesta ilegalidad».

Cuando la lucha se da por perdida, recuerda que «en estos 22 años he gastado más en abogados que lo que me costó hacer la casa», una vivienda que alquilaba y en la que también pasaban temporadas largas sus padres.

De momento solamente una de los afectados ha presentado demanda de indemnización. Los demás esperan tener «la orden de demolición» aunque ya saben que con toda probabilidad «llegará esta semana». Ball se siente agradecido con el Ajuntament «por el apoyo que siempre nos han dado» y asegura que «el dinero público destinado a estas demoliciones no bastará y además nadie apoya una actuación como esta en tiempo de crisis ya que no beneficia absolutamente a nadie».