El caso de Blanca Iglesias ha llegado a su fin. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha condenado a la ex asesora del alcalde de Inca, Pere Rotger, a un año y medio de cárcel y a pagar una multa que aún queda pendiente de cuantificar, además de tener que devolver los 20.086 euros correspondientes a las mensualidades que cobró por su trabajo en el Ajuntament inquer.
De esta manera, el sindicato STEI-i ha ganado la querella interpuesta contra Blanca Iglesias por intrusismo, falsificación y haber cometido un delito contra la Administración local. La portavoz de la organización, Neus Santaner, manifestó ayer que «sólo esperamos que el Ajuntament d'Inca reclame los 20.086 euros que cobró Iglesias en concepto de los trabajos realizados en el Consistorio».
Sstisfacción
El sindicato se mostró satisfecho por la resolución judicial. «Aunque nos hemos encontrado con muchas dificultades a causa de la lentitud del proceso, que ha durado cinco años, al final ha salido a la luz nuestra denuncia y se ha penalizado el delito», dijo Santaner. Además, la representante sindical añadió que «la sentencia es firme ya que la misma Iglesias la ha aceptado y no recurrirá».
El escándalo del 'caso Iglesias' salió a la luz durante el año 2005, después que la entonces número uno del PSM y actual consellera de Comerç i Indústria, Xisca Vives, denunciara la falsificación del título universitario de Psicología para poder conseguir una plaza de funcionaria en el Ajuntament.
Aunque al principio el alcalde Rotger mantuvo la confianza en su asesora, finalmente Iglesias acabó presentando su renuncia, lo que evidenció la falsificación del documento.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando el Ajuntament nombró a Iglesias como coordinadora del área de Formación como funcionaria eventual. Uno de los requisitos para cubrir la plaza era la de tener una titulación universitaria superior, y Blanca Iglesias presentó el título de licenciada en Filosofía y Letras en la sección de Psicología y una serie de certificaciones que avalaban el título.
Una vez se conoció este hecho, el sindicato empezó a indagar y surgió a la luz pública que «la única titulación que tenía Blanca Iglesias era una habilitación para poder dar clases de educación física a un nivel educativo inferior y únicamente en el colegio donde trabajaba en Palma. Después de tener toda la información, el STEI-i denunció en emayo de 2005 los hechos ante la Fiscalía. El Ministerio Público inició el procedimiento y el sindicato se sumó como acusación particular. Finalmente, el pasado 19 de mayo se celebró el juicio en el juzgado de lo Penal número 2 de Palma y la acusada acató la sentencia que la condena a un año y medio de cárcel.
Neus Santaner recordó ayer que «Blanca Iglesias ya tuvo problemas con el pacto de progreso antes de entrar en el Ajuntament d'Inca». En esa época, Iglesias denunció que no «le daban el trabajo según su título y presentó una querella contra el Govern que posteriormente retiró cuando entró el PP en el año 2004. Curiosamente, poco después fue contratada por el Ajuntament d'Inca», dijo Santaner.
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