El Ajuntament d'Inca interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Conselleria de Comerç i Indústria que deniega otra prórroga para legalizar las obras del mercado cubierto y una ayuda de 412.000 euros.
Según consta en el informe elaborado por los servicios técnicos del Consistorio, «la Conselleria de Comerç no puede decidir de forma unilateral que el proyecto técnico del nuevo mercado es ilegal». El informe también dice que «el Ajuntament no ha agotado el plazo prorrogable para ejecutar las obras y su denegación ha sido arbitraria y falta de motivación».
Según el concejal de Urbanismo, Bartomeu Seguí, «la denegación de la prórroga no está justificada». «Se trata de una decisión arbitraria y política que quiere perjudicar al PP, pero que perjudica a Inca», añadió.
Por su parte la consellera de Indústria, Francesca Vives, respondió que «en ningún caso se trata de una decisión política», y exigió a Seguí que respetara el trabajo de los servicios jurídicos del Govern. «Desde la Conselleria tratamos a todos por igual, independientemente de su color político», afirmó. Vives achacó la pérdida de la subvención oficial «a la mala gestión del Ajuntament», y recordó que a finales de 2007 «ya se concedió una prórroga que se desaprovechó».
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