La condición de aforada de la alcaldesa de Felanitx y actual diputada en el Parlament Catalina Soler ha sido determinante para que la Sala de lo Civil y Penal del TSJB asuma la instrucción de una causa abierta en 2005, que investiga la emisión por parte de once alcaldes o tenientes alcaldes del Partido Popular de supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico, propiedad del entonces primer edil 'popular' de ses Salines Sebastià Vidal. El ex alcalde de ses Salines alegó que se tratara de un club hípico.
El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, se había dirigido al TSJB a través de un auto para que se pronunciara sobre la inculpación de Catalina Soler, dada su condición de aforada. El juez consideraba que, en ese caso, debía ser el Alto Tribunal el que asumiera la causa, opinión que también compartía el Ministerio Fiscal.
La Sala se ha declarado competente y ha nombrado ponente de la causa al magistrado Antonio Federico Capó Delgado e instructor de la misma al magistrado Antonio Monserrat Quintana, que investigó el 'caso Formentera', la presunta trama de captación irregular de votos de emigrantes por el PP en esa Isla. El caso, que afectó de lleno al ex presidente Jaume Matas, fue archivado para todos los imputados, y sólo está pendiente el juicio contra tres funcionarios.
Mientras, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 8 ha acordado ya la remisión de toda causa a la Sala Civil y Penal. En ella, la acusación particular del 'caso Caballistas' ejercida por Jaime Melis solicita 126 años de cárcel para los once dirigentes del PP, de lo cuales 66 los pide para Sebastià Vidal como posible inductor de diez delitos de falsedad en documento oficial.
Los otros imputados en la causa que a partir de ahora investigará el TSJB son Sebastián Escalas, Miquel Vidal, Joan C. Jaume Mulet, Joan Jaume Ramis, Catalina Soler, Antoni Serra, Joan Rubert, Antonio del Olmo, Joan Rotger, Andreu Prohens y Sebastià Portell.
El escrito de acusación señala que Sebastià Vidal «siendo alcalde del Ajuntament de ses Salines urdió una trama con el fin de legalizar dos edificaciones alzadas ilegalmente sobre parcelas de su propiedad situadas en ese municipio».
«La trama en cuestión -añade el escrito de acusación- consistió en promover la tramitación por parte de la 'Agrupació Cavalista de ses Salines' de un expediente solicitando la declaración de interés general con el fin de, por una parte, legalizar las edificaciones alzadas en la finca propiedad del acusado y, por otra parte, dar una apariencia de legalidad».
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