El 'caso chalet de Santa Ponça' investiga un supuesto trato de favor en la compra de un solar por parte de Margarita Nájera hacia el recaudador municipal Jaime Riera.
El juez instructor lo ha archivado en dos ocasiones, decisión que también ha sido rechazada en dos ocasiones por la Audiencia de Palma tras sendos recursos presentados por el querellante, el alcalde de Calvià, Carlos Delgado. En su auto, el magistrado señala que el PP «está legitimado» para ejercer la acción popular, siempre y cuando abone 6.000 euros en concepto de fianza.
Los abogados defensores de Nájera y Jaime Riera, Gabriel Garcías y Eduardo Valdivia, respectivamente, han presentado sendos recursos contra la personación del PP y, además, ha solicitado al juez que eleve la fianza hasta 50.000 euros y 100.000 euros respectivamente, «dado el patrimonio que maneja el PP».
También, en el recurso sostienen que no está acreditado que la persona designada por el PP puede ejercer la acusación popular, y, asimismo, también rechaza la petición de los 'populares' de que la causa sea elevada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB)..
El PP decidió ejercer la acusación popular contra Margarita Nájera tras su nombramiento como portavoz del nuevo Govern que preside Francesc Antich. Para ello, designó al abogado Fernando Mateas para que represente a sus intereses en la instrucción de la causa.
Se da la circunstancia de que el fiscal anticorrupción de Balears, Juan Carrau, apoyó el archivo del 'caso chalet de Santa Ponça', ya que, como el magistrado, tampoco apreció indicios de delito algunos en la actuación de la ex alcaldesa de Calvià.
El supuesto trato de favor del que se acusa a Nájera, Jaime Riera y Domingo Cruz consiste en que al vender el solar por un precio inferior al mercado se hizo un 'regalo' a la portavoz del Govern, que avaló un préstamo con garantía hipotecaria sobre el solar.
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