Toda esta movilización desencadenó la creación de la plataforma «La Costa és de tots» y en una gran manifestación de protesta el 19 de agosto del año 2006.
La propuesta, presentada por el partido nacionalista, contó con el apoyo del PSIB-PSOE, UM y EU-EV, y sólo el voto en contra del PP. Es la primera vez que una institución exige formalmente la restitución del dominio público en la Costa dels Pins.
El 7 de julio de 2006, la ministra de Medio Ambiente resolvió la «privatización» de la piscina de uso público y gratuito, de la que el editor madrileño es gestor de una concesión otorgada por Jaume Matas cuando estaba al frente del ministerio.
La anterior concesión por la antigua propietaria había sido extinguida y la Ley de Costas no permite otorgar de nuevas.
La resolución de Narbona se fundamentó en un «proyecto de regularización» presentado por Ramírez para convertir la piscina en una «instalación ecológicamente sostenible», aprovechando el agua del mar, y que de manera muy restringida (cuatro meses al año), podría ser visitada por escolares del municipio.
El resto del año, únicamente el gestor puede aprovechar la instalación ubicada en dominio público. La resolución de Narbona provocó una movilización entre diferentes entidades cívicas y políticas de la Isla, encabezada por el Lobby per la Independència, por el precedente que suponía la restricción del derecho de paso por el litoral.
Por otro lado, recientemente el Ministerio de Medio Ambiente anunció que se procederá a la demolición o uso público pero sólo de las piscinas ilegales sin concesión.
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