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El presidente de la empresa Hàbitat Golf, Juan Nigorra Cobián, prestó declaración ayer en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, en una de las causas que todavía siguen abiertas contra la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, representada por el letrado Gabriel Garcías. El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, solicitó el testimonio de Nigorra Cobián, que acudió al juzgado acompañado por su abogado Fernando Mateas, para dar su versión sobre la decisión del gobierno municipal que presidía Nájera de expropiar a los Nigorra dos solares en Santa Ponça. Nájera fue acusada en esta causa de la posible comisión de los delitos de prevaricación y estafa con abuso de cargo.

La querella fue presentada por el empresario Juan Barrachina y arranca de las diferencias mantenidas entre HPT Instal y el Ajuntament de Calvià, que supuestamente sometió a unas condiciones anormales el derecho a edificar una promoción de viviendas de lujo en la primera línea de Nova Santa Ponça. La causa fue archivada y más tarde, recurrida en la Audiencia aunque el propio Barrachina retiró la acusación. Nigorra Cobián acudió ante el juez para «constatar que se habían firmado esos convenios», dijo su letrado, Fernando Mateas. En 1991, en tres solares ubicados en Santa Ponça -P2 (propiedad de Juan Barrachina) y O-12 y O-13 (propiedad de la familia Nigorra)- el Ajuntament socialista otorgó una licencia en el primer solar para un total de 59 viviendas. Barrachina traspasó «de forma irregular» la edificabilidad de los solares de Nigorra al suyo, lo que provocó una interposición de una querella contra Margarita Nájera, Jorge Herrero y contra el propio Barrachina por parte de la promotora Hàbitat Golf. La constructora reclamaba 500 millones de pesetas (tres millones de euros) al Ajuntament por no distribuir la construcción de las mencionadas viviendas entre los tres solares en partes proporcionales.

Por otra parte, y a expensas de lo que ocurra con la causa instada por la familia Nigorra, sólo dos de los ocho casos abiertos por las denuncias del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, en algunos casos, y de la Fiscalía de Balears, en otros, permanecen abiertos. Se trata de «Estrategia local» y del caso «chalet de Santa Ponça». En ambas causas, los titulares de los juzgados 5 y 2 están a la espera de los resultados de varias diligencias antes de tomar una decisión.