Los apartamentos de ses Covetes se encuentran dentro de la franja de proteccion de la Ley de Costas.

TW
0

Los 67 polémicos apartamentos en construcción de ses Covetes, paralizados desde hace más de una década, vuelven a estar en el ojo del huracán. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo ratifica, por segunda vez, que la franja de protección de Ses Covetes es de 100 metros; que estos terrenos son inedificables y por consiguiente que estas construcciones serían totalmente ilegales, según defiende el GOB y el PSM desde hace años. Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal dicta una sentencia en la misma línea. En el mes de septiembre de 2004 ya desestimó el recurso interpuesto por un particular contra el orden ministerial de 1996 que delimitaba el dominio público y la franja de protección en 100 metros.

El nuevo fallo fue acogido con entusiasmo por parte del Grupo ecologista que ha estado al frente de esta batalla jurídica junto con el PSM. «En el tema de ses Covetes hay más de una docena de recursos abiertos y la totalidad de autos y sentencias están en la misma línea. Nos dan la razón. Queda comprobado que esta zona no era urbana a la entrada en vigor de la ley de Costas, que la franja de protección es de 100 metros y todo ello confirma la ilegalidad de las obras de construcción de los 67 apartamentos». Éstas eran las declaraciones del portavoz del GOB, Miquel Àngel March.

Este es un conflicto que dura ya 11 años. En el 1992 el Ajuntament otorgó la licencia de obras. La promotora, Marina Erst no empezó a construir hasta el 94. Un año más tarde los tribunales decretaron la suspensión de las obras tras la campaña iniciada por el GOB y el PSM para conseguir anular las licencias otorgadas por el Ajuntament. Desde el GOB se considera que «esta sentencia constituye un hito histórico ya que deja claro que estos terrenos no eran urbanos en el 88 y que por tanto las normas subsidiarias de Campos no pueden declarar nunca estos terrenos como urbanos ni tampoco es posible que en el 92 se autorizaran 67 apartamentos. El alcalde debería ordenar la demolición de los mismos», sentenció Miquel Àngel March.