La compra a la familia Morell Magraner se convirtió en uno de
los proyectos estrella de la Conselleria de Turisme dirigida
entonces por Celestí Alomar, para mostrar la utilidad de la
tasa.
Los propietarios de Son Real, al tiempo que negociaban en verano
de 2002 con el Pacte para venderle esta parte de la finca, pidieron
abatle de Santa Margalida, Antoni del Olmo (PP), que les entregara
un certificado que acreditara que la parcelación que habían hecho
en 1997 del resto de la finca no necesitaba de una licencia previa
por ser anterior a la Ley de Suelo Rústico de julio de aquel mismo
año. Eso les permitía segregar los terrenos rústicos del resto de
la finca en otros 43 diferentes, con derechos edificatorios, que
ahora se encuentran en el ámbito del proyecto del campo de golf y
el hotel de lujo.
Los propietarios, según han denunciado recientemente los grupos
municipales del PSOE y el PSM, recibieron una respuesta afirmativa
del Ajuntament de Santa Margalida en tan solos cinco días, a través
de un certificado del secretario municipal, «sin disponer de ningún
expediente ni informe técnico que así lo valorara». Ambos partidos
han presentado un recurso contencioso admnistrativo frente al
juzgado número dos de Palma contra este otorgamiento municipal para
la segregación, que ha sido admitida a trámite. Los grupos de la
oposición consideran que detrás del campo de golf y el hotel de
lujo hay «urbanizaciones encubiertas» y que esta segregación puede
permitir construir hasta 80 chalets.
Actualmente el Consell de Mallorca está tramitando el interés
general para el proyecto solicitado por el Ajuntament de Santa
Margalida. Afecta 910 hectáreas de suelo rústico de la finca de Son
Real, junto a la zona pública.
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