La Comissió Insular de Patrimoni Històric informó ayer
favorablemente al proyecto de un campo de golf y un hotel en la
finca de Son Real, en el término de Santa Margalida, y para el que
se está tramitando actualmente un interés general que afecta cerca
de 900.000 metros cuadrados de suelo rústico.
A pesar de esto, la aprobación de ayer incluye una serie de
prescripciones para efectuar un control arqueológico en toda el
área afectada por el proyecto, una zona rica en yacimientos donde
actualmente ya se han detectado al menos cuatro.
Entre estas prescripciones, se encuentra la de establecer en
estos cuatro yacimientos detectados un perímetro de 25 metros de
radio donde no podrá hacerse ningún tipo de obra. Además, y antes
del inicio de las obras, se realizará una prospección arqueológica
en toda el área afectada por el proyecto y se presentarán los
resultados a la Comissió Insular de Patrimoni Histórico. Durante el
proceso de movimiento de tierra tendrá que contarse con la
presencia de un técnico cualificado, con el fin de prever la
aparición de nuevos restos susceptibles de ser conservadas y tendrá
que presentarse un proyecto de adecuación de los yacimientos
arqueológicos.
Con respecto a estas prescripcciones, el conseller d'Ordenació
del Territori, Bartomeu Vicens, explicó después de la reunión de la
comisión que «nos parece una buena protección del patrimonio de la
zona, porque se protegen los yacimientos actuales, se buscarán de
nuevos y se restaurarán todos ellos». Con todo, Vicens reconoció
que los hallazgos arqueológicos que puedan hacerse en la zona
pueden llegar a condicionar el proyecto de tal forma que sea
imposible llevarlo adelante. «Dependerá de aquello que se encuentre
porque todo será protegido», dijo.
Los grupos de la oposición en la comisión -PSOE, PSM y Els
Verds- votaron en contra del informe elaborado por los técnicos de
Patrimoni y pidieron sin éxito que se detenga la tramitación del
interés general para el proyecto de campo de golf y hotel.
Según explicó Antoni Alorda (PSM), la postura de la oposición
fue «pedir la paralización del interés general hasta que se hayan
hecho todos los trabajos arqueológicos, para saber verdaderamente
que es aquello que puede hacerse». La oposición también criticó que
no se tratase la declaración de la zona como BIC.
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