Ommiprint, donde se imprime el diario «El Mundo-El Día de
Baleares», funciona sin licencia de apertura ni de actividad desde
mayo de 2002 y, lo que todavía es más grave, el edificio rebasa los
16 metros de altura cuando el máximo permitido por la normativa
vigente es de diez. Ante la denuncia de Rabasco, «el Consell no
puede hacer otra cosa que actuar. Tenemos que saber qué ha pasado»,
afirmó ayer al conseller de Ordenació del Territori, Bartomeu
Vicens.
La denuncia ha pasado a Disciplina Urbanística, que «actuará con
criterios absolutamente técnicos», afirmó Vicens.
Uno de los primeros pasos será reclamar al Ajuntament de Santa
Maria, gobernado por el PSM, toda la información que tenga en torno
al asunto. Pocas cosas podrán averiguar los técnicos de Disciplina
Urbanística con la documentación municipal, pues sólo puede aportar
como aprobado el Plan Parcial de principios de los años noventa,
donde se establece la altura máxima de diez metros.
A partir de aquí, nada en claro: ni proyecto de urbanización de
Omniprint, ni final de obra, ni licencia de actividades. Hace unos
años el equipo de gobierno municipal hizo un tímido intento para
iniciar un procedimiento para que «en algunos casos» se permitiese
una altura de 16 metros en Son Llaüt. El equipo de gobierno no osó
ni concluir, ni aprobar el sorprendente procedimiento, ni mucho
menos remitirlo al Consell.
Dadas las circunstancias de falta de documentación municipal,
todo apunta a que Disciplina Urbanística acordará proceder a una
inspección ocular de la planta de Omniprint SA. Esta sociedad está
participada de manera íntegra por la compañía madrileña Unedisa y
el grupo turístico fundado por Gabriel Barceló. Ambos son
propietarios de la edición local de «El Mundo».
En el supuesto de que la falta de información municipal y la
inspección de la nave hicieran ver irregularidades a los técnicos
del Consell, el organismo abriría el correspondiente expediente de
revisión de obras, que podría concluir con la orden de rebajar la
altura del edificio hasta un máximo de diez metros.
La institución insular ya ha actuado y actúa en situaciones
parecidas, sobre todo en construcciones en suelo rústico cuando
éstas superan el tamaño y la altura permitidos por la ley. Es el
caso de algunas intervenciones en Andratx y Santa Margalida, entre
otras.
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