El portavoz de EU-EV, Guillem Llabrés, dijo que «si la empresa
no tiene licencia de actividad para funcionar en el polígono, tiene
que cerrarse». Se mostró contundente y dijo que «poner solución a
este problema está en manos del Ajuntament».
Antònia Estarellas (PP), dijo: «Me consta que se han iniciado
los trámites para obtener la licencia de actividad de la planta
impresora, sin embargo es un tema que tiene que arreglarse porque
ya hace demasiado tiempo que no se le pone solución».
El socialista Miquel Pisà, sin representación en el Ajuntament,
se mostró más crítico que Estarellas y afirmó que «si es ilegal
tiene que quitarse de en medio y tendría que cerrarse la
planta».
La planta impresora Omniprint se verá obligada a pagar
indemnizaciones a todos sus trabajadores si el juez decreta su
cierre como consecuencia de mantener la actividad de forma
ilegal.
En este sentido, la legislación es clara: la empresa abriría un
expediente de regulación de ocupación que forzaría a las
negociaciones con el comité de empresa y los sindicatos para
establecer las cuantías para indemnizar a los trabajadores, señalan
desde UGT y CCOO. El responsable de ocupación de CCOO, Rafel
Borràs, matiza que podría darse la suspensión temporal de
actividad, siempre que pudieran subsanarse las irregularidades o la
posibilidad de trasladar la planta. Manel Pelarda, secretario de
acción sindical de UGT, se mostró preocupado porque un ayuntamiento
haya permitido tanto tiempo una irregularidad como ésta.
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