El GOB informó ayer de que ya ha instado al Ministerio de Defensa a que no ceda la fragata al Ajuntament de Calvià.

El GOB informó ayer de que ya ha instado al Ministerio de Defensa a que no ceda la fragata al Ajuntament de Calvià.

13/07/05 0:00
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PEDRO AGUILO MORA / JOSEP ROSSELLO
Greenpeace, con 85.000 afiliados en España, y Ecologistas en Acción, con 30.000, se han sumado al Grup d'Ornitologia Balear (GOB) en el rotundo «no» al hundimiento de la fragata «Baleares» en la reserva marina de las islas Malgrats. Así lo manifestó ayer el portavoz del GOB, Antoni Muñoz, quien añadió que el grupo ecologista «explotará todas las vías posibles» con tal de evitar que los ministerios de Defensa y Medio Ambiente (a través del departamento de Costas) autoricen al Ajuntament de Calvià mandar a pique el buque que el alcalde Carlos Delgado (PP) pretende convertir en un arrecife artificial. En el caso de que los ministerios presididos por José Bono y Cristina Narbona hagan oídos sordos a las demandas ecologistas, Muñoz no descartó que, en última instancia, el GOB vaya a emprender acciones judiciales encaminadas a frenar el proyecto.

Por el momento, el portavoz del GOB informó de que ya se ha instado a Defensa a que no ceda la fragata Baleares para que el Consistorio calvianer la hunda, y ha solicitado a Medio Ambiente que no habilite el dominio público submarino de las islas Malgrats para sumergir la embarcación. Antoni Muñoz también apuntó que reclamará a la Conselleria d'Agricultura i Pesca que «inicie la gestión de una reserva marina, la de Malgrats, que hasta el momento sólo figura sobre los papeles».

Por su parte, la responsable de Greenpeace en Mallorca, María José Caballero, argumentó la oposición de su grupo ecologista a la «operación fragata» advirtiendo del impacto ambiental que supondrá el hundimiento de 4.117 toneladas de acero en un espacio submarino protegido, máxime cuando la Unión Europea (EU) aboga desde 1997 por la reutilización de estos materiales. Caballero también apuntaló su «no» apelando al alto coste económico del proyecto (1,5 millones de euros). La responsable de Greenpeace opinó que ese dinero debería gastarse en balizar la reserva marina de las islas Malgrats en vez de crear allí un innecesario arrecife artificial.