En un intenso y acalorado debate que duró más de dos horas, todos
los argumentos en contra del proyecto para demoler y construir una
nueva residencia de ancianos sobre los terrenos de la actual que
impulsa el pacto manacorí no fueron suficientes para que el
gobierno del Ajuntament de Manacor (PP-AIPC) diese marcha atrás y
aceptase la propuesta de los partidos de la oposición de mantener
el actual geriátrico e impulsar la construcción de uno de nueva
planta.
Tampoco la presión de los trabajadores de la residencia de
ancianos, que el pasado lunes por la noche acudieron al pleno, no
impidieron que el pacto continuase adelante en la demolición del
actual inmueble que alberga a los mayores.
Todos los grupos de la oposición coincidieron en criticar que
Manacor perderá la oportunidad de tener 200 plazas de residencia y
se quedará en sólo 72 plazas de gestión pública, mientras que 48
serán gestionadas por una empresa privada. Los trabajadores, en la
misma línea que la oposición, cargaron contra el proceso de
«privatización de la residencia que sólo se traducirá en una
pérdida de plazas para los residentes. Manacor necesita como mínimo
200 nuevas plazas para absorber una demanda cada vez más
creciente», dijo uno de los empleados del geriátrico. La propuesta
de ALM-UM, que contó con el apoyo del PSOE y del PSM, también
rechazó el proceso de privatización de la futura residencia y el
encarecimiento de los precios de los nuevos residentes que deberán
pagar el 75 por ciento de su jubilación.
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