JOSEP ROSSELLÓ05/01/05 0:00
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Carlos Delgado, alcalde de Calvià, manifestó ayer en relación al informe de tasación de chalet de la socialista Margarita Nájera que éste fue encargado por el Partido Popular a la empresa Tinsa y no a ningún perito en concreto. Este periódico publicó ayer que la tasación inicial de la finca de Santa Ponça no fue reconocida por la supuesta autora del informe, la arquitecta María Àngeles Brussotto, quien declaró al juez que la firma que refleja el documento no es la suya. Esta valoración sirvió de base para la acusación del PP en una de las causas contra la ex alcaldesa. La perito dijo que no recordaba el valor de tasación ni los criterios en los que se basó Tinsa para fijar el valor de la finca en 45,6 millones de las antiguas pesetas (280.000 euros).

Delgado indicó a este diario que, una vez que tuvo conocimiento de que la perito no reconocía su firma, se dirigió a Tinsa para exigir explicaciones. El 1 de abril de 2003, Tinsa se ratificó «en todos los extremos» de la valoración realizada del chalet en una carta remitida a Delgado. «A quien pedimos la valoración fue a la empresa no a un perito en concreto», insistió. El PSOE calificó ayer de «muy grave» que la perito de Tinsa no reconociera su firma. Los socialistas sostienen que «es evidente que los instigadores principales de la persecución, el PP y Carlos Delgado, fueron demasiado lejos en su afán por conseguir el poder en el Ajuntament de Calvià». Antoni Manchado, portavoz del PSOE en Calvià, indica: «Así fabrica el PP denuncias falsas. Delgado mal utilizó nuestro sistema judicial para conseguir portadas en los medios de comunicación un años antes de las elecciones, pero se pasó de la raya».

«Utilizar documentos que ni el propio firmante reconoce como suyos para 'construir' una denuncia -agrega Manchado- es absolutamente inaceptable y debería investigarse hasta el fondo, con todas las consecuencias y responsabilidades». Los socialistas se mostraron convencidos de que todas las acusaciones contra Nájera se «irán cayendo» y que los implicados «deberán finalmente asumir sus responsabilidades políticas y legales».