El programa municipal contemplaba la reparación de fachadas y la rehabilitación de viviendas.

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Un informe realizado por un letrado adscrito a los servicios jurídicos del Ajuntament de Calvià, al que ha tenido acceso este periódico, considera «irregulares» una serie de ayudas económicas que aprobó el anterior gobierno municipal, dirigido por la socialista Margarita Nájera, para la rehabilitación de viviendas y edificios. Este informe, que fue entregado a los nuevos responsables del Ajuntament de Calvià antes del verano, lo solicitó el actual responsable del área de servicios urbanos y viviendas. El teniente de alcalde quiso que los técnicos comprobaran si la tramitación de una serie de expedientes en los que se habían aprobado estas ayudas se habían realizado tal como exige la ley. Estas ayudas no se aprobaron de una sola vez, sino en tres decisiones distintas que aprobó la anterior comisión de gobierno. La primera partida se aprobó el 17 de julio de 2002 y se entregó dinero, por más de 18.000 euros en total, a cuatro vecinos y a dos comunidades de propietarios para mejoras en edificios o en viviendas. La siguiente partida, que estaba incluida en el programa de rehabilitación, se aprobó el 4 de diciembre del mismo año. Se ayudó a dos vecinos y a dos comunidades y se les entregó casi doce mil euros. La tercera y última ayuda económica fue aprobada en julio del pasado año y se aprobó entregar casi 60.000 euros a un centro comercial para la rehabilitación de viviendas, según se señala en el informe jurídico.

El letrado de Calvià señala la «enorme dificultad» que ha tenido para emitir su informe, puesto que la mayoría de expedientes que ha comprobado carecen del más mínimo orden. Han aparecido documentos sin firmar, otros que corresponden a fotocopias y, lo que puede ser más grave, en muchos no aparece la propuesta de resolución, que es precisamente lo que se estudia en la comisión de gobierno. A pesar de todas estas dificultades, el técnico jurídico llega a la conclusión que los expedientes «no se tramitaron con el debido rigor» que exige las normas administrativas. El informe cita, uno por uno, cada caso que se ha comprobado, y en la mayoría de ellos el técnico llega a la conclusión de que el beneficiario, o bien no tenía derecho a percibir estas ayudas, o el dinero que recibió para la rehabilitación de su vivienda era excesivo. Esta situación no se ha producido en todos los casos, ya que algunas de las ayudas entregadas se ajustaban a la normativa municipal.

En la conclusión del informe, el letrado, que trabaja como funcionario y no como técnico de confianza, afirma que todos estos expedientes se tramitaron de una forma irregular y, por tanto, entiende que el anterior equipo de gobierno entregó ayudas económicas a personas que no tenían derecho a percibirlas. En todo caso, se tratarían únicamente de irregularidades administrativas.