El uso exclusivo que han hecho hecho el periodista Pedro J.
Ramírez; su esposa, la diseñadora Àgatha Ruiz de la Prada, y
allegados, de la piscina de uso «general, público y gratuito»
situada enfrente de su casa en Costa de los Pinos no será defendido
por el PSIB-PSOE, según un comunicado de esta formación remitido a
los medios de comunicación.
Los socialistas afirman que «nunca podemos defender la piscina
de Pedro J. Ramírez en Costa de los Pinos ni cualquier otra
irregularidad urbanística» y, además, expresan sus «dudas sobre la
concesión que tiene esta obra», en alusión a la orden ministerial
de 2001 firmada por el entonces titular de Medio Ambiente, Jaume
Matas, y no publicada en el BOE. «El PSIB-PSOE está con la Ley de
Costas», sentencia la nota.
El comunicado oficial es una respuesta a la «manipulación» que
el periódico «El Mundo», que dirige Pedro J. Ramírez, ha hecho de
unas declaraciones del portavoz del PSIB-PSOE en Son Servera, Pep
Barrientos. Los socialistas expresan su «indignación» por la
publicación de estas «declaraciones claramente manipuladas», en las
cuales se daba a entender que los socialistas de Son Servera
defendían la situación irregular en la que se encuentra la piscina,
denunciada por el dirigente del Lobby per la Independència, Jaume
Sastre, ante Demarcación de Costas.
El comunicado afirma, de forma contundente, que «en ningún
momento de la conversación con el periodista, Barrientos mencionó a
las personas ni las organizaciones que son insultadas en la
información publicada», en referencia a Jaume Sastre y al
presidente-editor de este periódico, Pere A. Serra. El diario de
Pedro J. Ramírez ponía en boca de Barrientos que «la campaña de
Serra y Sastre contra Pedro J. huele a extorsión», y acusaba a los
independentistas de «mentirosos, ridículos y trasnochados». A
Barrientos se le hacía decir también que «en todo caso, tendrían
que echar la culpa a Franco, que es quien dio la licencia de la
piscina», olvidando que la concesión de 1974 finalizó diez años
después y no fue renovada; que la instalación había revertido al
Estado; que Demarcación de Costas propuso desmantelar la piscina y
que, si no se hizo, fue gracias a la orden ministerial de Jaume
Matas, que le confirió, eso sí, «uso general, público y gratuito»,
aunque los escoltas de Ramírez impiden el paso.
ERC pedirá en el Congreso aclaraciones sobre la aplicación de la
Ley de Costas en Baleares, con un apartado especial a la concesión
de la piscina de Ramírez.
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