Todos los ciudadanos tienen derecho al suministro de energía
eléctrica. Bajo esta premisa, el grupo parlamentario socialista
insta al Govern de les Illes a defender el derecho de los
ciudadanos de Artà y Capdepera a poder disponer de nuevos
contadores de luz y obligar a la empresa distribuidora,
GESA-ENDESA, a suministrarles corriente de una «manera inmediata»,
siempre que sea «respetuosa con el medio ambiente».
Esta proposición no de ley que los parlamentarios socialistas
presentarán en el Parlament pretende defender los intereses de
cientos de ciudadanos de los municipios de Artà y Capdepera que
padecen las consecuencias de que GESA ahora «se haya plantado y no
quiera conceder nuevas conexiones a estos usuarios». El motivo de
tal congelación es el coste de la operación. Para ampliar el
suministro eléctrico de la zona, GESA necesita generar más
corriente con una linea de alta tensión y pretenden que ésta sea
aérea, de acuerdo con la normativa autonómica actual.
Por contra, los Ayuntamientos de Artà y Capdepera, y en función
de sus normas urbanísticas prevén que la línea sea soterrada.
Mientras, un litigio enfrenta ambas administraciones locales y
GESA. «Los tribunales resolverán el caso, pero mientras no dicten
sentencia, los ciudadanos son los que directamente sufren las
consecuencias al no poder conseguir la cédula de habitabilidad para
sus viviendas, ni ampliar la potencia eléctrica de sus empresas»,
coincidieron en recordar los regidores del PSOE en los
ayuntamientos de Artà, Josep Silva y de Capdepera, Fernando
Peñalver.
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