El GOB remitió ayer un escrito a varios ayuntamientos de la Isla
gobernados por partidos progresistas solicitando ayuda económica
para pagar la sanción de 11.697 euros que les ha impuesto la
Delegación del Gobierno por paralizar hace un año la regeneración
artificial de la playa de Can Picafort. Delegación de Gobierno ha
dado un plazo de 30 días a los 12 manifestantes del grupo
ecologista que han sido multados, para pagar la multa antes de que
les sean embargados sus bienes.
Antoni Muñoz, del GOB, confirmó ayer que «se ha realizado una
preselección de ayuntamientos que desde un primer momento se han
mostrado contrarios a este sistema de regeneración artificial, como
Banyalbufar, y se les ha pedido colaboración». «En principio, hemos
recurrido a los ayuntamientos gobernados por partidos progresistas
y obviamente no nos hemos dirigido a los ayuntamientos de Santa
Margalida o Muro, que ya han dejado clara su postura», agregó.
Los ecologistas también se han dirigido a los distintos partidos
políticos de Balears y a las principales asociaciones, aunque de
momento sólo han obtenido respuesta del PSM, que a través de un
comunicado confirmó ayer tarde su apoyo al GOB en esta causa. El
PSM participará en la recogida de fondos para hacer frente al pago
de la sanción.
El GOB también ha abierto una suscripción popular para poder
hacer frente al pago de la multa que la Delegación del Gobierno ha
impuesto a título personal a cada uno de los manifestantes que día
25 de abril de 2002 interrumpieron durante unas horas los trabajos
de regeneración que el Ministerio de Medio Ambiente realizaba en
Can Picafort.
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