La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, y el alcalde de
Muro, Miquel Ramis, se reunieron ayer para tratar de cerrar la
polémica surgida entre ambas instituciones a raíz de la
autorización de los 70 amarres existentes en el mollet de s'Oberta.
Según la normativa, estos amarres pueden ser autorizados por el
Parc Natural de s'Albufera, la Direcció General de Recursos Hídrics
o Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, que, en este caso, ha cedido su poder de gestión al
Ajuntament de Muro.
«Hemos llegado a la conclusión de que debemos de trabajar
juntos», dijo al término de la reunión Miquel Ramis, ya que, hoy
por hoy, las autorizaciones necesitan el visto bueno de Ajuntament
y Medi Ambient para ser válidas. Rosselló precisó que, de momento,
ya se han autorizado 55 amarres y 10 más están pendientes de
demostrar los criterios que exige el decreto de amarres. Asimismo
aseguró que, aunque la Conselleria hablará con el Ajuntament sobre
las solicitudes que puedan presentar problemas puntuales, «no se
dará ningún amarre que no cumpla todos los requisitos que marca el
decreto», entre los que destaca demostrar que el solicitante tenía
el barco en s'Oberta antes de las obras de reforma del mollet.
Cabe recordar que polémica entre la Conselleria y el Ajuntament
surgió cuando el parque natural autorizó unos 40 amarres. Entonces,
el Ajuntament denunció desconocer los criterios en base a los que
se habían otorgado estas concesiones, ya que «personas que podían
demostrar que tenían un barco allí hacía años, se habían quedado
sin amarre».
Por otra parte, Rosselló hizo hincapié en la provisionalidad de
las autorizaciones que se están dando. «Estas autorizaciones sólo
son válidas hasta que el parque de s'Albufera apruebe su Plan
Rector de Usos y Gestiones (PRUG), en el que queda muy claro que el
que ha de gestionar el muelle es el parque», dijo.
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