El fiscal Miguel Angel Anadón mantuvo ayer que Francesc Rosselló
Campaner, ex alcalde socialista de Alaró, no cometió ningún delito
de prevaricación en la compra de la finca de Son Tugores, pero sí
cometió una falsificación al enviar al Ministerio de Hacienda
informes falsos sobre pago de obras que no se habían realizado.
Este planteamiento del fiscal lo presentó ayer en la tercera y
última sesión del juicio que sienta en el banco de los acusados al
ex alcalde socialista y al secretario. Se les acusa de cometer
irregularidades en la compra de una finca que se convertiría en una
explotación de turismo rural.
Al inicio del juicio, el fiscal imputaba al alcalde los delitos
de prevaricación, falsedad y un delito contra la Hacienda Pública,
y reclamaba cuatro años de prisión y una multa de 200 millones de
pesetas. Sin embargo, el fiscal modificó y se limitó a pedir dos
años de suspensión por la falsedad.
Esta finca se adquirió gracias a unos fondos europeos para la
rehabilitación de fincas para convertirlas en explotaciones
turísticas. El Ministerio de Hacienda, que se encargaba de
controlar la subvención, exigía el justificante de los gastos de
las obras, y en el tiempo establecido en Son Tugores aún no se
habían iniciado. Para no perder la subvención, el Ajuntament envió
documentos justificando unos gastos que no se realizaron.
A pesar de esta irregularidad que, según el fiscal se limita a
la falsedad de estos documentos, no se puede imputar un delito de
prevaricación al alcalde porque no existió ningún perjuicio.
Recordó que la finca, comprada por 55 millones, ha triplicado hoy
su precio y que se ha sumado al patrimonio del Ajuntament. El
fiscal cree que el alcalde no se enriqueció personalmente en esta
compra.
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