La redacción de las Normas Subsidiarias de Alaró, que el equipo de
gobierno (PSM-PP) presentará para su aprobación provisional el
próximo mes de julio, no incluirán las actuaciones previstas a
partir del convenio suscrito el mes de marzo de 2001 por el
Ajuntament con la empresa de calzado Camper.
Este convenio, que se está renegociando, preveía una permuta
entre las dos partes, mediante la empresa filial Cartago, por la
que Camper recibía los terrenos donde se encuentra la depuradora
municipal y dos de los caminos públicos que pasan por las cercanías
de las casas de Son Fortesa, donde Camper construye su sede
corporativa.
A cambio, el Ajuntament recibía el edificio de Can Beia y unos
300.000 euros para la construcción de una vía alternativa a las que
se cerraba al tráfico.
Según explica el responsable de Urbanisme, Joan Simonet Pons
(PP), «como aún no sabemos cómo quedarán finalmente los acuerdos
del convenio, no podíamos retrasar más el proceso de las Normas
Subsidiarias. Si hay cambios importantes ya se hará luego una
modificación puntual».
El alcalde Josep Gomila (PSM) añade: «No queremos que la
aprobación de un documento tan importante como la normativa
urbanística quede supeditada sólo a discutir este convenio».
El convenio con Camper motivó en su momento un movimiento
popular en contra. Se presentaron alegaciones conjuntas avaladas
por casi mil firmas de personas que consideraban con el acuerdo se
estaba produciendo «una privatización de caminos públicos
emblemáticos».
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