«La norma proyectada por el Ajuntament de Calvià trasciende el
planteamiento urbanístico estricto, olvida el principio de
legalidad "la reserva de Ley" e invade competencias del Parlament
de les Illes Balears». Así de tajante se muestra el Consell
Consultiu con respecto a la propuesta de establecer un cupo anual
de licencias urbanísticas por parte del Consistorio de Calvià.
El dictamen considera que la propuesta no es ajustada a derecho
ya que va en contra de lo que establece la Ley de Disciplina
Urbanística, aprobada por el Parlament en 1990. El órgano asesor
dictamina que sería preciso reformar esta Ley ya que, de lo
contrario «se corre el riesgo de atentar al principio
constitucional de la seguridad jurídica, pero sobre todo incide en
un quebrantamiento del de jerarquía normativa». «Los ayuntamientos,
al pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, no solamente
tienen la facultad de concederlas si se ajusta la pretensión al
ordenamiento en vigor, sino que tienen el deber de otorgarlas»,
asegura el Consultiu en su dictamen.
El dictamen del órgano asesor contradice una reciente sentencia
de un juzgado de Palma en la que se desestimaba un recurso del
promotor Rot Balear SL, que pidió autorización para construir
cuatro viviendas. Pese a que el dictamen del Consell Consultiu no
es vinculante, el informe deja en una delicada situación la
aprobación global del Plan General de Calvià. El Consell acordó
aprobar todo el plan a excepción del artículo referido a los cupos,
con el fin de que el Consell Consultiu se pronunciara. La
institución insular debe decidir ahora si aprueba el artículo pese
al dictamen. También es posible que el Parlament modifique la Ley
de Disciplina Urbanística.
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