El Juzgado de Instrucción número uno de Manacor ha admitido a
trámite la querella criminal que interpuso hace un mes la
Federación de Servicios Públicos de UGT contra el gerente de la
Fundación Hospital de Manacor, Carles Ricci, por un delito
continuado contra la seguridad en el trabajo. En febrero de este
año la Inspección de Trabajo cerró la sala de esterilización del
centro sanitario al detectar fugas de óxido de etileno, un gas que,
según el representante del sindicato Carlos Moreno, «es un gas muy
tóxico con un demostrado efecto cancerígeno sobre las personas».
Revisiones posteriores detectaron que las fugas venían
produciéndose desde hace dos años y el sindicato descubre que al
efectuar el obligatorio cambio de sistema la gerencia opta por «el
más caduco». Tras la consiguiente queja de los trabajadores, el
hospital vuelve a cambiar el sistema mientras que la Conselleria de
Treball le impone una multa de cinco millones, por, aseguró Moreno,
«la negligencia de la gerencia».
La multa, sin embargo, no es suficiente para los representantes
sindicales, ya que consideran que la actuación «ha sido reiterada»
y que ha puesto en peligro la salud de los trabajadores del centro.
«La continuas irregularidades que se han producido no pueden
saldarse con una simple multa ya que ha puesto en peligro la salud
de numerosas personas», aseguró Moreno.
El representante sindical justificó la presentación de la
querella criminal por ser esta «la única vía para terminar con la
impunidad de algunas empresas en cuestión de seguridad y salud en
el trabajo». En este sentido, UGT exigirá que a las personas
expuestas al gas tóxico, personal de la fundación y de las
contratas de limpieza y mantenimiento, se les efectúen controles
médicos y evaluaciones periódicas «para detectar cualquier problema
derivado de su exposición al etileno».
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