El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al
Govern a pagar 202 millones de pesetas en concepto de indemnización
a la empresa Aureamar, una de las promotoras de la zona de sa
Canova, en Artà. La sentencia del Tribunal Supremo, que ha llegado
a manos del Govern esta misma semana, establece que el Ejecutivo
tiene la obligación de pagar a la empresa promotora todos los
gastos que realizó en su momento antes de que los terrenos en
cuestión quedaran afectados por la Ley de Espacios Naturales.
La sentencia añade que la empresa deberá acreditar el total de
los gastos realizados para tener derecho a la indemnización. Lo que
deja claro es que la promotora sólo tiene derecho a ser compensada
con los gastos de redacción del proyecto, además de con los gastos
de urbanización que pudo realizar hasta que la zona fue incluida en
la Ley de Espacios Naturales con la consideración de Area Natural
de Especial Interés (ANEI). En opinión del Tribunal Supremo, el
coste del proyecto y de las obras realizadas suma la cantidad de
202 millones de pesetas.
La sentencia del Supremo mantiene la línea de todas las
sentencias que han emitido los tribunales con relación a la
protección de los espacios naturales. El Supremo considera que no
debe tenerse en cuenta el lucro cesante, es decir, que la promotora
no tiene derecho a recibir ninguna indemnización por las
expectativas de negocio de sus proyectos.
La empresa solicitaba una indemnización que sumaba varios miles
de millones de pesetas en concepto de las pérdidas que le
representaban no haber podido seguir adelante con la urbanización.
Sin embargo, el Supremo, como todos los tribunales con
anterioridad, sentencia que la expectativa de negocio no es
susceptible de ser indemnizada.
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