La Asociación de Urbanizadores y Promotores de Calvià ha recibido
con sorpresa y perplejidad la propuesta realizada por la alcaldesa,
Margarita Nájera, consistente en limitar la concesión del número de
licencias de obra por año y crear una lista de espera para
armonizar el crecimiento. Para los promotores, esta medida es «una
aberración jurídica» que sólo provocará «inseguridad» entre los
inversores. Los profesionales del sector también han considerado
negativa la iniciativa del equipo de gobierno socialista.
La Asociación de Urbanizadores y Promotores de Calvià entiende
que algunos conceptos planteados por la alcaldesa, como «armonizar
el ritmo de crecimiento» o «listas de espera» para la ejecución de
las licencias de obras, son figuras que no están contempladas en
ningún artículo de la Ley del Suelo y que, por tanto, son conceptos
que no tienen validez técnica ni jurídica. «Esta propuesta
incrementará la inseguridad jurídica», agregaron fuentes de la
asociación.
Margarita Nájera anunció el pasado jueves que el equipo de
gobierno socialista elevará a pleno el próximo jueves una
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de 1991 con el fin de otorgar licencias de obras para un máximo de
1.750 plazas anuales. Los grupos municipales de la oposición (PP y
grupo mixto) ya denunciaron anteayer que esta propuesta es
electoralista y que no contará con su apoyo.
La propuesta del grupo socialista ha sido calificada de «ilegal»
por Juan Nigorra, consejero delegado de IMISA, una de las
urbanizadoras con más presencia en el municipio. Para este
promotor, si se aprueba la iniciativa de la alcaldesa se provocará
«una avalancha de proyectos» que perjudicará en primer lugar a los
pequeños propietarios, pues las promotoras grandes tienen más
medios y mayor facilidad para presentar los proyectos.
Abogados especialistas en urbanismo consultados por
Ultima Hora han coincidido en señalar que
«jurídicamente es muy discutible que una persona que ya tiene la
licencia de obras no pueda empezar a construir». Estos mismos
profesionales consideran que la propuesta del grupo socialista
«genera inseguridad jurídica» y que «roza el techo
constitucional».
Asimismo, arquitectos consultados por este periódico han
rechazado a título personal la iniciativa del equipo de gobierno
socialista porque «afecta negativamente» al colectivo y al interés
del promotor.
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