Los representantes legales de la sociedad Es Bancals y del ex
diplomático y escritor Fernando Schwartz, dueños de los chalets
(tres y uno, respectivamente) afectados por el fallo del Supremo,
presentaron ayer ante varios ayuntamientos y la Delegación del
Gobierno denuncias correspondientes a 23 edificios construidos en
la Serra de Tramuntana «que se encuentran en idéntica situación
legal que las de Llucalcari». Los propietarios exigen «la
demolición de las casas denunciadas».
Según los afectados por la reciente sentencia del Supremo, las
23 casas denunciadas fueron edificadas con posterioridad a la
promulgación de la Ley de Patrimonio de 1985. Schwartz comentó a
este periódico que algunos de estos inmuebles están en los
municipios de Esporles y Valldemossa.
Tanto el ex diplomático como Es Bancals SA han presentado un
recurso ante el Tribunal Constitucional, que aún no ha sido
admitido a trámite, con el fin de evitar la demolición. Schwartz
enumeró que el recurso plantea que en todo el expediente que derivó
en las anteriores sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Balears y del Supremo ha habido «violación de la seguridad jurídica
y discriminación».
Los afectados de Llucalcari se sienten objeto de «una situación
creada en torno a rencillas particulares» en las que no han
intervenido y de la que responsabilizan al GOB. Para los dueños de
los chalets es «un insulto a la estética y al conservacionismo
medioambiental» la pretensión de demolición de sus casas «mientras
se toleran verdaderos desaguisados urbanísticos en la Serra».
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