Una reciente sentencia del Tribunal Supremo acepta el recurso de
casación presentado por la Asociación de Vecinos de Son Reinés de
s'Estanyol contra un anterior fallo del Tribunal Superior de
Justicia de Balears que había declarado inadmisible un anterior
recurso del colectivo contra la decisión del Govern balear de
aprobar definitivamente el proyecto modificado de la ampliación del
puerto deportivo del Club Náutico de s'Estanyol.
Así, el Supremo obliga al TSJB a admitir y estudiar el recurso
contra la aprobación de la ampliación del puerto. El Alto Tribunal
acepta las tesis del abogado de la asociación de Son Reinés, Antoni
Marroig, que prefirió no valorar la sentencia, por cuanto el acto
tenía trascendencia social y causaba indefensión. El Supremo
entiende que se podía atacar el proyecto sin necesidad de esperar a
la concesión administrativa.
Esta sentencia fue citada ayer por Antoni Llompart y Antoni
Garcias, portavoces del PSM y PSOE de Llucmajor, que criticaron el
expediente sancionador abierto a los usuarios de es Mollet, que
deberán abandonar el varadero si se amplía el puerto.
Llompart indicó que «es falso que se desclasifiquen ocho
millones de metros cuadrados; cinco millones ya fueron
desclasificados por la LEN en 1989». De hecho, según expusieron
ambos políticos, solo se desclasifican 185 hectáreas en torno al
casco urbano de Llucmajor y del polígono de Son Noguera, «cifra que
está muy lejos de las 800 hectáreas que dice el PP que
desclasifica».
Negaron que el 75% de la costa esté protegida: «Salta a la vista
que la mitad de la costa llucmajorera está ocupada por
urbanizaciones». En la zona costera se mantienen 307 hectáreas de
suelo urbanizable: detrás de Son Verí (71 hectáreas), Puig de Ros
(68), Tolleric (48), Regana (100), Cala Pi (5) y Son Reinés
(15).
A éstas, hay que sumar otras 67'6 hectáreas de suelo rústico de
la franja del litoral que se convierten en suelo urbanizable.
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