El Ajuntament de Palma acogerá este miércoles un debate de urgencia para llevar la situación de Mercapalma al Tribunal Supremo, iniciando un pleito frente al Estado en el que una de las cuestiones sobre la mesa es qué ocurrirá con los fondos de reversión: unos 'ahorros' de la sociedad que rondan los 9,5 millones de euros y que precisamente estaban destinados al momento de su disolución. Según explican fuentes municipales, de esa cantidad una parte tenía que volver a Mercasa (porque fue quien los aportó) y el resto se tendrían que haber repartido proporcionalmente entre los dos accionistas, el Ajuntament y la empresa estatal.
Para crear este fondo se guardaron anualmente una parte de los beneficios de Mercapalma, durante 49 años (en 2023 no se hizo y no se pudieron cerrar las cuentas) desde la firma de los estatutos en 1974. Desde el Ajuntament han expresado que su intención era destinar este dinero a inversiones. En cualquier caso, la disputa legal con el Estado no se limita a esos 9,5 millones, sino que el valor global de Mercapalma sería notablemente superior teniendo en cuenta los terrenos, equipamientos y otros activos.
Pero esta reversión no parece que vaya a producirse, al menos de momento, ahora que el Estado ha intervenido Mercapalma dejando sin efecto la fecha del fin de la concesión. Los servicios jurídicos municipales han recomendado formalizar un recurso ante el Tribunal Supremo combatiendo esa misma maniobra del Gobierno. El alcalde Jaime Martínez calificó el gesto del Gobierno de «expolio», ya que una vez finalizada la concesión, la administración local iba a pasar a ser la propietaria al 100% de Mercapalma.
El Ajuntament estaba a la espera del informe de los juristas de la casa, un documento del que se informó ayer a los grupos políticos, que hoy deberán posicionarse en Comisión. La decisión que se adopte hoy en el Ajuntament se tendrá que volver a votar en un pleno extraordinario el próximo lunes. Los servicios jurídicos consideran que el Ajuntament tiene la obligación de combatir legalmente el decreto para defender el patrimonio municipal. La decisión de Cort llega unos días después de que el Ministerio de Presidencia haya nombrado un interventor, Gregorio Madero Ruiz-Jarabo, cuya función es asegurar las medidas del Real Decreto y convocar la Junta de Accionistas.
Para sacar adelante este recurso al PP le basta mayoría simple. Los posicionamientos previos de cada grupo, pese a los matices políticos, permiten adivinar que Martínez contará con el voto favorable de Més y Unidas Podemos. En cambio, Vox había manifestado anteriormente su disconformidad a meter al Consistorio en un pleito con el Estado, y es muy posible que se abstenga.
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