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Este viernes se ha llevado a cabo un desahucio en la antigua cementera de Cemex, en Son Malferit, que pasó de ser un refugio de toxicómanos a estar habitado por una veintena de personas, con cuatro menores a su cargo, una persona que espera una operación urgente y una víctima de violencia de género. Pese a que las doce y media llegó la comitiva judicial acompañada de furgones de la Policía Local y la Policía Nacional, no fue hasta las tres y media que al final, los habitantes de ese inmueble se rindieron y optaron por sacar sus posesiones y marcharse. El Ajuntament de Palma solo ofrecía diez días en un Servicio de Acogida Municipal para los cuatro residentes empadronados. Sin embargo, no había ninguna alternativa social para los que no lo están.

El futuro más inmediato es desolador: una familia con niños dormirá en un camión, junto a las caravanas de Son Güells, y los demás buscan una solución de urgencia, aunque algunono descartaba dormir en la calle. «Estamos noqueados, no sabemos dónde ir», decía uno de los padres de familia, que tiene dos hijos, una niña de 13 años y un chico de 17 que quiere acabar sus estudios en el instituto.

La comitiva judicial procedió al lanzamiento y la propiedad, una conocida inmobiliaria mallorquina, procederá a su derribo. Atrás quedan los dos años en los que estas familias han ido retirando toneladas de escombros para hacer más habitable. Joan Segura, de Stop Desahucios, señaló que «se han negado a aplicar el decreto ley de vulnerabilidad por la COVID y ahora, con la Ley de Vivienda, no deberían desahuciar a familias con menores pero el juez no ha respondido a los requerimientos».

Consuelo Vargas es una de las personas que hasta este viernes residía en esta casa abandonada y que, junto con los otros vecinos, han ido arreglando para hacerla algo más habitable. «Soy víctima de violencia de género y no puedo volver a mi tierra. Pedimos un poco de compasión. Solo queremos estar aquí cuatro meses más para acabar la temporada turística», suplicaba Vargas. Los desahuciados se dedican a la venta de fruta en la playa, la recogida de chatarra o la venta ambulante. «Queremos alquilar una vivienda pero no tenemos ningún contrato que nos permita acceder a una vivienda», lamentan. Algunas de estas familias tuvieron que refugiarse en Mallorca hace dos años tras ser desterrados de Madrid: «Estamos amenazados de muerte por una cosa que ni siquiera tiene que ver con nosotros, pero nos salpicó. La vida vale más que correr riesgos en Madrid, pero tampoco esto es vida».

Por su parte, la regidora de unidas Podemos, Lucía Muñoz, señaló que «un representante de la propiedad visitó a las familias y observó la ingente tarea de limpieza de escombros y basura, así como de restauración. Les dijo que se quedaran y ya hablarían». Además, denuncian que «una trabajadora social del Ajuntament no tuvo en cuanta la presencia de menores y no consideró la propiedad como una vivienda», por lo que se siguió adelante con el desahucio. Las familias alegan que no recibieron notificaciones del desahucio y no se han podido defender.

Tras una dura negociación de varias horas, la única opción que tenían las familias es que los menores de edad se quedaran solos en la propiedad pero los adultos tenían que desalojar la vivienda. Sin embargo, los padres se negaron a dejar sus hijos solos a cargo de varios adolescentes y prefirieron abandonar la propiedad sin violencia. La angustia era patente en adultos y menores. Una mujer recogía a toda prisa la ropa tendida y se encogía de hombros, desmoralizada. Dos adolescentes esperaban encerrados en su vivienda, que había sido alicatada y arreglada con esmero. Un libro de la Trilogía de Fuego de Joana Marcús descansaba en el regazo del chico, que a mediodía no sabía dónde iba a pasar la noche ni si podría seguir con sus estudios.