Susana y Silvia, hijas del matrimonio desahuciado. | M. À. Cañellas

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J.M.R. y su marido han vivido los últimos 14 años en un chalet adosado de la calle de l’Ordi, en el número 99 A, en Son Ferriol. Este miércoles se vieron obligados a hacer una mudanza exprés, con ayuda de sus hijas, Silvia y Susana, ya que un sobrino, propietario de la casa, la ha demandado por okupa y ha ganado el juicio.

Su historia se remonta a más de dos décadas atrás, cuando el tío materno de Silvia y Susana, Antonio, compró un terreno y empezó a edificar dos chalets, hasta que se le acabó el dinero y tuvo que pedir ayuda a su hermana para acabarlos. Finalizada la obra, en 2010, ambos hermanos llegaron a un acuerdo, que nunca se llegó a firmar, y que indicaba que ella podía vivir con su marido en una de las casas.

«Cuando mis padres vendieron la casa en la que vivían entonces, con el dinero que les sobró se pudieron acabar los dos pareados», dice Silvia, que rememora que aportaron casi 40.000 euros. Entraron a vivir bajo la condición de que, cuando hubieran amortizado su aportación, pagarían un alquiler de 300 euros. Un alquiler que nunca han llegado a pagar. «La luz y el agua iban a parte y se la cobraban a mi madre a final de año en negro», añade Silvia.

El camión de la mudanza llegó ayer a las 08.30 horas.

El tío Antonio murió en 2014 sin dejar descendencia, y aún faltaba para comenzar a cobrar el alquiler así que todo continuó igual. El matrimonio tenía que rendir cuentas a un sobrino, Juan Pablo, que es hijo de otra hermana de ambos. El conflicto estalló cuando un día Juan Pablo se presentó en el domicilio diciendo que su madre tenía que ir a vivir allí «porque estaba muy mayor y no podía estar sola», a lo que el matrimonio contestó que «se podía apañar algo».

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El hijo de Silvia vino con amigos a echar una mano.

Aviso de desahucio

Tres semanas después, volvió a la casa y «directamente dijo, de muy malas maneras, que se tenían que ir», explica Silvia. «Cuando me enteré lo llame y me dijo que mis padres no tenían derecho a estar ahí. Me dijo que ‘ya me llegaría lo que me tuviera que llegar’ y me colgó». Todo esto sucedió en 2021, luego llegó la demanda de Juan Pablo, acusando a su tía de okupa, y el pasado 20 de febrero el matrimonio recogía el aviso de desahucio que les indicaba que tenían un mes para irse.

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Interior de la vivienda durante la mudanza.

«Le pedimos a este sinvergüenza [primo de Susana y Silvia] un mes más. No hemos encontrado un alquiler para nuestros padres», explica Susana. «Suplicando a amistades he encontrado a una conocida que me quiere alquilar una vivienda, dada la situación extrema a la que nos enfrentamos», continúa. Sin embargo, hay que adecentarla para entrar a vivir y «mientras tanto, van a estar en mi casa y en la de una suegra», lamenta.