«Nos hemos quedado sorprendidos por esta acción tan contundente», señaló la redigora de Més Kika Coll. El cese fulminante de Vicente Rodrigo, director adjunto de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, ha sorprendido a los partidos de la oposición, una decisión que se ha dado a conocer este miércoles y que ha sorprendido a la propia defensora, Anna Moilanen, y a Rodrigo. Los partidos de la oposición han cargado con esta decisión, que se ha llegado a tildar de «coacción de VOX al PP».
«Es un primer gesto para desmantelar la Oficina de la Defensora. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, dijo que se mantendría esta entidad pero lo primero que ha hecho ha sido eliminar un recurso muy importante para la oficina. Lo de Vox es una fijación por eliminar los derechos y la libertar de la ciudadanía. Vox quiere tener el control», advirtió Coll. La regidora señaló que «el ciudadano queda indefenso y tendrá que acudir de manera individual a los juzgados para luchar por sus derechos ante el Consistorio».
El rediseño de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía era uno de los puntos que estaba presente en el pacto programático entre PP y Vox, cuya firma asegura que los populares podrán gobernar con tranquilidad pese a su mayoría simple gracias al apoyo del partido liderado en Palma por Fulgencio Coll. El punto 7 del acuerdo entre PP y Vox advierte que «eliminaremos las duplicidades en los organismos municipales y adecuaremos el alcance de la figura del Defensor de la Ciudadanía dentro del contexto de la organización actual y que sea un funcionario de libre designación».
Por su parte, Rosario Sánchez, portavoz del grupo municipal del PSOE en Palma, denunció que el cese de Rodrigo «es una vergüenza. Esta decisión se registró a las ocho y media de la tarde en el portal de acuerdos, se ha hecho con nocturnidad y de manera urgente». Sánchez señaló que «es toda una improvisación y se ha sacrificado la cabeza de Rodrigo ya que la figura no se puede eliminar por ley. Así lo declaró el alcalde en declaraciones a Ultima Hora, que señaló que Moilanen acabará su mandato en 2026.
«Nombrar a un funcionario como Defensor de la Ciudadanía va contra la normativa, ya que debe ser una figura independiente del Consistorio. Fulgencio Coll ha coaccionado al alcalde», dijo Sánchez. La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, señaló por su parte que ante la imposiibilidad de eliminar la Oficina de la Defesnora de la ciudadanía, figura que viene recogida en la Ley de Capitalidad, «han optado por dejarla sin recursos. Mantendrán la figura de la Defensora hasta 2026 porque legalmente están obligados pero recortar y dejar al mínimo a una institución que con tanta carga de trabajo y hace una labor imprescindible es, de facto, condenarla a la desaparición». «Esta estrategia perversa del PP ya la conocemos», afirma Muñoz, que advierte que está decisión se ha tomado «a traición, después de unas declaraciones del alcalde en las que señalaba que seguirá Moilanen hasta 2026, cuando finaliza su mandato».
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Coacciones, no cambio de izquierdas a derechas, si es un cargo político hay que cambiar es lo que toca, siempre se le da la culpa a VOX