Anna Moilanen fue nombrada en Cort como defensora de la Ciutadania. | Pere Bota

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El regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, no las tiene todas consigo de que se vaya a cumplir el acuerdo de su gobierno con Vox de eliminar la Oficina de la Defensora de la Ciutadana o, como dictaba el punto 7 del documento programático, que esta entidad se adecuara «dentro del contexto de la organización actual y que sea un funcionario de libre designación». Empecemos por el principio: «Hay que revisar las cosas ¿nos ponemos al día? Lo del funcionario no lo veo porque además no se puede ¿no?», preguntaba Busquets. Así pues, «¿Lo de eliminar la figura de la Defensora? Podría no pasar», dijo ayer en una cuanto menos divertida y rocambolesca comisión municipal de derechos de la ciudadanía.

Tanto PSOE como Més, que han presentado sendas mociones en el pleno para rechazar que se acabe con esta figura, recordaron que los cambios propuestos en el acuerdo van contra normativas como la Ley de Capitalitat y el Reglamento Orgánico de Derechos de Ciudadanía, mientras Busquets tomaba nota: «Si la ley dice que no...».

La actitud del regidor del PP desconcertó tanto a la oposición que terminaron por pedirle que votara a favor de su propuesta y eliminara el punto 7 del acuerdo, al fin y al cabo, «el PP siempre había defendido esta figura», dijeron. A la hora de definir el sentido del voto que se llevará a pleno. «No queremos esto», le chivó Lupe Ferrer a su compañero. «Entonces ¿abstención o en contra?», respondió. Vox no acudió a la comisión.