Cuartel de Son Busquets | R.L.

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Colea todavía el anuncio del Ajuntament de Palma de no hacer las 833 viviendas sociales de Son Busquets para reducir su número y convertirlas en pisos tasados para alquiler y venta. «Cuidado con lo que hacen, no lo perdamos de vista», dijo ayer el secretario general del PSOE de Palma, José Hila, que advirtió que «el SEPES es el propietario del solar y es quien desarrolla el proyecto. El Ajuntament se encarga de la parte urbanística y ha quedado reflejado en el BOE, donde se refleja que el Ministerio Agenda Urbana compró a Defensa el suelo por 52 millones».

El nuevo equipo de gobierno «va improvisando. No se han mirado los dossieres para hablar del tema cuando todo esto depende de otra institución. ¿Qué van a hacer? ¿Van a vender el terreno a una promotora privada? El Estado no va a regalar el terreno a nadie. Se trata de la mayor promoción de vivienda pública de Palma, cuidado que no perdamos la inversión. Que lo haya hecho el anterior gobierno no significa que sea un proyecto malo», añadió el socialista.

Por su parte, la portavoz de Més por Palma, Neus Truyol, advirtió que «el solar es propiedad del Estado, así como el proyecto, por tanto es responsable de hacer el proyecto urbanístico y de pagarlo. El Ajuntament solo tiene que hacer el Plan Especial», que ya se había iniciado antes de las elecciones.
Esta operación anunciada por el PP tendría un coste: «Solo expropiar el suelo costaría 45 millones de euros. Se tendría que cambiar el Plan General y justificar esta expropiacón pero es difícil expropiar un bien público que ya se iba a destinar a viviendas sociales. «Además, para hacer las viviendas, equipamientos, calles y dotaciones, ya que se hará un barrio nuevo, tendría un coste de 300 millones». La operación tendría un coste total de 345 millones.

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Truyol que fue regidora de Model de Ciutat la legislatura pasada, señaló que «seguiremos reclamando que sea el Estado el que se haga cargo del proyecto, porque tiene una deuda histórica con Palma. Hace décadas que no invierte en la ciudad, solo para ampliar infraestructuras como la ampliación del Aeropuerto de Palma o amenazando con ampliar el puerto. Conseguimos que aceptara el reto de hacer viviendas sociales».

El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, señaló que no querían hacer tantas viviendas y que tampoco serían sociales porque supondría crear «un gueto». «Si la alternativa es que haya vivienda privada, ignoran la Ley de Vivienda balear, que obliga a que toda vivienda pública es de alquiler porque hay un déficit muy grande. Si en Palma hay un 1 por ciento de vivienda pública, en Europa es del 20 por ciento. Que las primeras declaraciones del regidor serán sobre reducir la vivienda pública que el Estado está dispuesto a pagar, es de una contradicción brutal».

Truyol se pregunta de dónde vendría el dinero para poder hacer las viviendas que propone el Consistorio: «Vendría de inversores privados para que saquen beneficio. El solar sería malvendido a empresas para hacer hoteles o suelos para hacer viviendas privadas».