Anna Moilanen, en una imagen de archivo.

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El nuevo alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha intentado marcar distancia desde el principio con Vox y, si en su primera comparecencia ya se negó comentar las peticiones que le hicieron los ultraconservadores, ayer se volvió a desmarcar de la formación de Fulgencio Coll al ignorar una de sus principales reclamaciones y garantizar la continuidad de la Oficina de la Defensora de la Ciutadania.

Ayer se celebró la primera Junta de Govern del Ajuntament de Palma y el principal punto del orden del día fue, precisamente, la constitución de este órgano y su composición, que estará integrada por el propio Martínez y sus siete tenientes de alcalde. Durante la reunión, asimismo, se aprobó el organigrama,  (las regidurias y las tres áreas delegadas), que conformarán el nuevo gobierno, la autorización para que cualquier regidor municipal pueda celebrar matrimonios y se aprobó el nombramiento de parte del equipo directivo de los diferentes departamentos.

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Así, entre otros, se configuró el nuevo equipo de comunicación de Cort que estará encabezado por María José Merino y Cristina Graupera. También se designó al arquitecto Bartolomé Abad como gerente de Urbanisme, al economista José Luis Cortés como coordinador general d’Hisenda, a la abogada Bárbara Martí Mora como directora general de Funció Pública i Govern Interior, al ejecutivo Antonio Román Medina como director general de Mobilitat, al autónomo y consultor de empresas, Juan Antonio Tormo, como director general de autónomos, a la graduada en criminología María del Carmen Esparza como directora general de Sanitat y a Juan Manuel Martín como director general de Seguretat.

La oficina seguirá

La Junta de Govern, igualmente, aprobó, diversos órganos directivos pero la portavoz, Belén Soto, no anunció quien los ostentará ya que su nombramiento está previsto para la semana que viene. Entre ellos está el de director adjunto a la oficina de la defensora, Anna Moilanen, que, según fuentes municipales recaerá en Vicente Rodrigo, hombre de confianza de la defensora, que ha ocupado el mismo cargo en esta pasada legislatura. Las mismas fuentes aseguraron que Martínez considera a la oficina un órgano «fundamental» porque es un instrumento más para conocer «de primera mano» las problemáticas de los ciudadanos en su relación con el Consistorio.