Esta sentencia provocó la indignación de los vecinos que criticaron «la falta de voluntad política para garantizar el descanso» y que, incluso, la federación de asociaciones reclamara a Cort que la recurriera ya que, aseguran, «no se dice que no haya motivos para reducir el horario sino que el Ajuntament no ha presentado las pruebas al respecto». También destacaban que la utilización de la vía pública «como espacio de negocio privado debe estar subordinada a los derechos fundamentales de los vecinos» y apuntaban a la posibilidad de recurrir a instancias judiciales más altas.
Eso es, precisamente, lo que está estudiando el equipo de gobierno, la posibilidad de acudir al Supremo argumentando que el escrito de apelación del Ajuntament no ha sido contestado mientras que las apelaciones presentadas por los vecinos si que han recibido respuesta, según remarcó Costa. En este sentido, la regidora aseguró que mientras los letrados municipales no decidan que hacer desde el Ajuntament no se autorizará el cambio de horario y se seguirá obligando a los restauradores a cerrar a las 23.00 horas en festivo. Si, finalmente, no recurren terminarán ampliado el horario pero si se cuestiona la sentencia, que es lo que espera el equipo de Gobierno, mantendrán el cierre a las 23.00 horas.
Desde Cort destacan que vigilarán que los establecimientos de la zona sigan manteniendo el horario limitado y recordaron que el barrio está catalogado como Zona Acústicamente Saturada, ZAS. La ocupación de la vía pública y «las molestias que ocasionan» según los vecinos, ha provocado que en los últimos dos años los afectados hayan presentado ante el Ajuntament más de 500 reclamaciones y denuncias por la actividad.
Por su parte, los restauradores asociados a la CAEB, que fueron los que recurrieron el decreto municipal, reclaman que la sentencia «se aplique cuanto antes». Los empresarios argumentan que durante estos últimos años han tenido que sufrir una «situación de impotencia» y acusan al Consistorio de «acoso» al sector. Es por ello que ya anunciaron que pedirán, también vía juzgado, una compensación, una reclamación patrimonial, de entre 1,5 y 2 millones de euros.
4 comentarios
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És que ja n'hi ha PROU d'abusos. L'espai públic són dels residents i veíns, NO D' EMPRESARIS COBDICIOSOS. Un respecte als habitatges i vides dels illencs , aprofitats!
No acatan las sentencias judiciales ?????????.......
Lo que el ayuntamiento tiene que vigilar la normativa de fumar en las terrazas es una vergüenza
Abuso de poder, prevaricación, mal perder... Vergonya cavallers!!!